Para ser incluido en el contexto de la sexta edición
del ENCUENTRO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS.
Salta, jueves 27 octubre 2022
LEY DE SALUD MENTAL Y DERECHOS
HUMANOS, Un Nuevo Paradigma
La ley
Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos fue promulgada en el año 2010. (N°26.657);
Su reglamentación año 2013,N° 603.
Antecedentes
nacionales
El 30 de marzo de 2007 la Organización de las Naciones Unidas
presentó para su firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Argentina fue uno de los primeros países en el mundo en firmar
esta Convención. Lo que sigue a continuación son algunos de los derechos
protegidos bajo este tratado:
Artículo 4(1): Los
Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.
Artículo 14(1): Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás: a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad
de la persona; b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y
que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la
existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la
libertad.
Artículo 15(2): Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean
efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 19: Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con
discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás,
y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de
este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la
comunidad.
En el año 2007, Centro de Estudios Legales y Social (Cels)
realiza un informe sobre derechos humanos
y salud mental en Argentina. Publicado bajo el nombre Vidas Arrasadas,
La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos.
El informe documenta violaciones a los derechos humanos
perpetrados contra las aproximadamente 25.000 personas que están detenidas en las instituciones psiquiátricas
argentinas. Más de un 80 por ciento de estas personas son encerradas durante
más de un año, y muchas lo son de por vida. Dos tercios de las camas
psiquiátricas pertenecen al sistema público. A pesar de que en muchas partes
del mundo se han clausurado los grandes asilos psiquiátricos, el 75 por ciento
de las personas en el sistema argentino de salud mental público se encuentran
detenidas en instalaciones de 1000 camas o más. Este informe registra graves
hechos de abuso y negligencia en las instituciones psiquiátricas argentinas, y
documenta, incluso, casos de personas que han muerto incineradas en celdas de
aislamiento, exposición a privación sensorial
mediante el aislamiento por un largo período de tiempo y actos de
violencia física y sexual. El informe también detalla condiciones de vida
peligrosas e insalubres, tales como la falta de agua en los baños, ausencia de
cloacas, amenazas a la seguridad y riesgos de incendio en las instituciones. La
vasta mayoría de las personas detenidas en las instituciones psiquiátricas
argentinas deben sobrevivir en condiciones de casi total inacción y sin
posibilidad de pensarse a futuro por fuera de la institución. La
institucionalización a gran escala y los abusos que la acompañan se deben, en
gran medida, a décadas de una política de invertir en grandes instituciones que
segregan a las personas, en lugar de elaborar políticas y destinar los recursos
necesarios para el desarrollo de servicios de atención en salud mental y apoyo
en las comunidades.
Antecedentes
en Salta
El recientemente fallecido Vicente Galli, quien fue el primer
director nacional de Salud Mental del Presidente Alfonsín, los salteños siempre
estaremos agradecidos por haber elegido a Salta para construir un modelo basado
en la Salud Mental Comunitaria.
En 1984 con
su apoyo se hizo la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), con
fondos de la Nación. En ese mismo año apoyo la primera ley salteña de Salud
Mental y alentó la presencia activa en Salta de la Dirección Nacional de Salud
Mental para iniciar la desmanicomialización del Hospital Psiquiátrico Ragone
La actualidad de la Provincia de Salta
A 12 años de la promulgación de la ley de Salud Mental y Derechos Humanos, en la provincia de Salta las políticas de salud mental son cada vez más ausente. Las cifras de pobreza e indigencia medido por el INDEC son porcentajes alarmantes para nuestra provincia, (36,5%pobre, 8,8% de indigente). Es un numero alto sin cobertura social donde cada vez es mayor los usuarios del sistema de salud pública. Tanto el Hospital Ragone como Atención Primaria de salud imposibilitada y desbordada para dar respuesta a todas las demandas. Además, hay falta de profesionales y no se cuenta con un equipo interdisciplinario para el abordaje de los diferentes padecimientos mentales.
El Hospital Ragone, único referente de las enfermedades mentales está totalmente abandonado y deteriorado. El ministro de salud de la provincia casi lo sierra haciendo caso omiso de la ley de Salud Mental que plantea la reconversión y no el cierre. Gracias a la lucha de los trabajadores de dicha institución se dio marcha atrás y se prometió a invertir en su arreglo que hasta hoy en día no fue cumplida la promesa y se convierte este hospital testigo de las violaciones de los derechos humanos.
La Ley plantea que se debe invertir un 10 % del presupuesto en Salud para Salud Mental, actualmente la inversión es de menos del 1%.
El único avance que se logró en Salta fue en el departamento de Oran por que la jueza de familia N° 2 de dicha ciudad, Ana María Carraquiry, en el marco de un amparo el Ministerio de salud presento el plan de Salud Mental en la zona para cumplirse desde el 2022 a 2025.
Por la promulgación de la ley provincial 8323, se crea un órgano revisor que prevé la Ley Nacional de Salud Mental. Hasta la fecha no fue reglamentado y tampoco existe un plan provincial de salud mental.
Estrategia
de incidencia de la Asoc Ragone en el contexto del Proyecto junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
Ver
http://miguelragone.blogspot.com/p/cnpt.html
Se realizó un encuentro en modalidad conversatorio, con el objeto de diagnosticar la evolución de la aplicación de la Ley de Salud Mental en Salta, produciendo recomendaciones que permitan mejorar la adecuación de la política pública y sanitaria que indica y prevé la Ley Nacional de Salud Mental, y se problematizará la situación actual de la atención de la Salud Mental en la provincia; con especial enfoque en el encierro y la desafiliación, como consecuencias de la violencia institucional y política. Sus conclusiones, serán integradas en el informe general de la violencia en instituciones de encierro en salta, que Asoc Ragone producirá para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
La actividad ha sido una herramienta estratégica en el marco del Proyecto “Incidencias en violencia institucional y política en torno a la Ley 8024 de creación del Comité de Prevención de la Tortura en Salta (CPTS)”. Estuvo organizada por Asociación Dr Miguel Ragone y la Mesa de ddhh compuesta por: Familiares de detenidos' desaparecidos detenidos por razones políticas y gremiales - Asociación ddhh " Lucrecia Barquet" - Asociación ddhh “Coca Gallardo " - H.I.J.O.S. Regional Salta. Con la participación especial del Comité provincial de prevención de la tortura y la CTA Autónoma de Salta.
Adhirieron al encuentro: Comité Provincial contra la Tortura de Salta, Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, Colegio San Cayetano.
