Asamblea Civil para la Gestión Democrática de la Seguridad y el Abordaje de la Emergencia de Consumos Problemáticos en Joaquín V. González

 

Asamblea Civil para la Gestión Democrática de la Seguridad y el Abordaje de la Emergencia de Consumos Problemáticos en Joaquín V. González

Lo que ocurrió el 26 de agosto en Joaquín V. González no resolvió nada por sí mismo. No había forma de que lo hiciera: un solo encuentro no construye un centro de salud mental ni reduce el hacinamiento de una comisaría. Pero hizo algo que no es menor: puso en la misma mesa a quien opera el sistema penal todos los días y a quien lo denuncia desde los derechos humanos, a la maestra que ve la ideación suicida en el jardín de infantes y al vecino que ve al niño solo en la madrugada, al concejal que necesita una ordenanza y al joven que llega de otro pueblo con una idea sobre cooperativas. Los hizo hablar en el mismo idioma, aunque no siempre estuvieran de acuerdo.

Por Fernando Pequeño Ragone
asistido por Gemini Notebook, Gemini Pro y Claude IA
A cerca de mi escritura asistida con IA.

Revisar como complemento:

El Ecosistema de Incidencia Institucional
de la Asociación Miguel Ragone:
Salud Mental, Derechos Humanos y Articulación Territorial en Salta.

Contenidos:

1. Presentación: un pueblo que se junta a nombrar lo que le duele. 2

2. Quiénes se dieron cita: interlocutores y voces. 3

3. Las proposiciones, interlocutor por interlocutor. 3

4. Problematización: el mapa de tensiones. 5

5. Marco teórico: leer JVG con Trimboli y con Epele. 7

6. Conclusión: organizarse cuando el Estado se retrae. 8

Bibliografía. 9

 

1. Presentación: un pueblo que se junta a nombrar lo que le duele

El 26 de agosto se reunieron en Joaquín V. González, en el departamento de Anta, provincia de Salta, representantes de la comunidad, entre ellos docentes, un trabajador de fiscalía local, un abogado que también es recepcionista de hotel, vecinos, dos concejales y un joven llegado desde Apolinario Saravia. No los convocó un partido ni un ministerio: los convocó la urgencia. El objetivo declarado de la reunión fue articular las voluntades de estos actores locales —sindicales, educativos, judiciales, legislativos y vecinales— para constituir una mesa de trabajo interdisciplinaria y comunitaria amparada por el Concejo Deliberante. No fue una charla informal sino una reunión asamblearia y un conversatorio institucional descentralizado, convocado para poner en común los diagnósticos territoriales sobre el colapso del sistema de detención local, el incremento de la delincuencia juvenil y los suicidios, y las deficiencias críticas de la red de atención de adicciones y salud mental en la provincia.

Sintesis auditiva del texto:

Detrás de esa convocatoria hay una pregunta que excede a Anta: ¿qué lugar tiene, en la Argentina de 2026, el poder que no nace de una banca ni de un sillón ministerial? Es la pregunta que aquí es el telón de fondo. Sostenemos que en el sentido común argentino persiste una idea reduccionista de lo que es tener poder: se lo identifica casi exclusivamente con ocupar cargos electivos o conducir un partido, mientras que el conocimiento producido en la universidad, el trabajo territorial de las organizaciones sociales y la incidencia de activistas e instituciones civiles quedan relegados a un rol secundario, casi decorativo. Ese sesgo tiene nombre en la ciencia política: Guillermo O'Donnell lo llamó democracia delegativa, un esquema en el que votar habilita a gobernar "como se considere conveniente" durante el mandato, y en el que la fiscalización ciudadana entre elecciones queda vista como un estorbo a la voluntad popular antes que como parte de la democracia misma.

Ese imaginario no es un dato abstracto para Joaquín V. González: es, literalmente, el obstáculo que la asamblea tuvo que nombrar para poder armar la idea de organizarse. Néstor Díaz, uno de los impulsores del encuentro, describió a su propia comunidad como una "sociedad vacunada contra la política", donde cualquier intento de juntarse a hablar de salud mental es leído bajo sospecha electoral. Y la respuesta que los propios participantes se dieron —insistir en que la mesa sesione en un "lugar neutro", ajeno a la sede partidaria o municipal— es casi un calco de lo que el jurista Roberto Gargarella describe como la trampa de la "sala de máquinas" constitucional: una arquitectura institucional que invita a la sociedad civil a movilizarse en nombre de sus derechos, pero que reserva el manejo real de la agenda y el presupuesto a las cúpulas partidarias y al Poder Ejecutivo. En Joaquín V. González, esa trampa se resuelve —o se intenta resolver— con una estrategia muy concreta: que el Concejo Deliberante patrocine la mesa mediante una ordenanza, pero sin "manejar la batuta", para que el trabajo comunitario no quede capturado por el calendario electoral. Es el principal desafío para esta mesa que se propone. Y para que la ayuda de una sociedad que desea ayudar, llegue a esos jóvenes adictos vulnerables sin quedar atrapada en la disputa y la contienda electoral por la mera concentración de poder político y económico.

Esa es la clave para leer todo lo que sigue: no se trata de una reunión técnica de expertos, sino de una comunidad que decide, con recursos escasos y sin esperar la venia de la estructura estatal, ponerle nombre a su propio colapso.

 

2. Quiénes se dieron cita: interlocutores y voces

La convocatoria reunió a una decena de voces con biografías y posiciones institucionales muy distintas entre sí.

Fernando Pequeño, presidente y fundador de la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, y miembro del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, ofició de facilitador técnico y articulador entre el Estado provincial, la universidad y el territorio de Anta.

Walter Gómez, auxiliar de la fiscalía penal de Joaquín V. González, aportó la mirada de "la praxis judicial ordinaria" frente a la delincuencia de menor escala y el colapso del sistema de detención preventiva del departamento.

Steven J. Ramos, abogado formado a distancia en la Universidad Siglo XXI, hoy recepcionista de hotel tras haber cerrado su estudio jurídico, aportó una mirada técnica independiente desde el ejercicio liberal de la profesión en el interior provincial.

Claudio Navarro y Cesar Pauna, concejales del pueblo, representaron la vía institucional para traducir los consensos de la asamblea en ordenanzas.

Néstor Díaz, es el organizador y facilitador territorial que impulsó la convocatoria, el nexo entre el llano comunitario y la representación institucional.

Alicia Artalaz, licenciada en Educación Especial, docente y psicopedagoga itinerante, expuso la crisis de desarticulación vincular infantil y la aparición de ideaciones suicidas a edad temprana.

Renzo Meneses, director del Colegio Secundario, describió la transversalidad de las adicciones entre clases sociales.

Alberto Charrazeta y Lorena Roldán, vecinos de la comunidad, testimoniaron el deterioro del tejido social desde la experiencia cotidiana del barrio.

Prof. Gastón Pereyra, joven llegado desde la vecina Apolinario Saravia, identificado en el documento como "el promotor del Tercer Sector", aportó una mirada externa centrada en el cooperativismo agrario como respuesta al desempleo juvenil.

Estuvieron presentes además, Vanina Córdoba profesora de Educación Especial; Ricardo Perelló Profesor de Historia; Ramón Chávez profesor jubilado la vecina Paola Campos y Roberto Álvarez, Comunicador Social.

 Registro de medios en JVG

3. Las ideas centrales de cada uno de los presentes

Fernando Pequeño: la sinergia civil-institucional frente a la "zona de sacrificio"

El eje de la intervención de Pequeño fue una crítica a la vez política y clínica. Sostuvo que los partidos tradicionales están "liquidados" y que las mesas puramente burocráticas fracasan porque excluyen a la comunidad real; el cambio, insistió, "reside en empoderar a la sociedad civil organizada" con el respaldo de un lugar neutro legitimado por el Concejo Deliberante. Definió a Anta como una "zona de sacrificio": una región productivamente rica cuyos excedentes humanos —los jóvenes que no entran en el circuito de la agroindustria concentrada— quedan precarizados y naturalizados en su propia degradación, lo que llamó "sujeción por la herida".

En el plano operativo, planteó tres proposiciones derivadas: descentralizar el distrito judicial respecto de Metán para destrabar el cuello de botella de expedientes; habilitar que psicólogos idóneos colaboren en la prescripción psicofarmacológica comunitaria ante la escasez de psiquiatras en el interior; y separar, dentro de la policía, a los oficiales comprometidos y "piolas" del peso represivo de la institución en su conjunto.

Sobre los dispositivos religiosos de contención —el único centro de adicciones de la ciudad funciona bajo el liderazgo informal de un pastor evangélico—, Pequeño no propuso cerrarlos, estigmatizarlos o criticarlos, sino dotarlos de soporte clínico, cuestionando de fondo la eficacia del modelo de "los 12 pasos" (diseñado originalmente para el alcoholismo en Estados Unidos) cuando se aplica, aislado, a consumos complejos como el paco. Consideró que la existencia de todos ellos debe ser tomado como parte de la solución y no del conflicto.

El auxiliar de fiscalía: el colapso carcelario y la "puerta giratoria"

Walter Gómez construyó su intervención desde la experiencia diaria del sistema penal. Su diagnóstico central: aunque la Justicia intente desjudicializar aplicando medidas sustitutivas —suspender la prisión preventiva a condición de internarse—, los jóvenes reinciden porque los centros locales carecen de infraestructura de contención permanente; "están una semana y se van". Describió comisarías con hasta treinta personas hacinadas en espacios de cuatro por cuatro metros, y sostuvo que esa saturación genera una "puerta giratoria" que los jóvenes con consumos problemáticos instrumentalizan con total conocimiento de causa: delinquen sabiendo que la policía no tendrá dónde alojarlos y que serán liberados en pocos días.

De ahí derivó su proposición más contundente: la necesidad urgente de un establecimiento penitenciario propio en Joaquín V. González, financiado por las grandes empresas y productores locales afectados por el robo menor. También señaló un vacío legal crítico —una "zona gris"— en la que jóvenes con deterioro cognitivo severo por consumo no pueden ser internados de manera involuntaria por los límites de la Ley de Salud Mental, pero tampoco pueden ser imputados por carecer de consciencia plena al momento de delinquir. Y llamó a superar la antinomia entre garantismo y punitivismo puro, señalando de forma explícita los límites tanto de la "victimización exculpatoria" que atribuyó al "zaffaronismo" como de la estigmatización represiva del punitivismo clásico.

Néstor Díaz: la autoorganización civil frente al inmovilismo

Díaz insistió en que la comunidad debe dejar de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado, y llamó a superar la "charla de café" para pasar a la "construcción de a poquito" de metas ejecutables. Su consigna fue pensar "como ciudad" y no como "pueblo chico". En el plano de los compromisos concretos, asumió el rol de sostener la cohesión del grupo promotor local y coordinar la distribución de materiales de estudio para los próximos encuentros.

Steven J. Ramos: los límites del litigio privado en el interior

Ramos aportó la perspectiva de quien ensayó, y abandonó, el ejercicio liberal de la abogacía en un mercado periférico como el de Anta, por el alto costo psicosocial que le implicó. Su proposición señala una tensión estructural poco visible: la educación a distancia (como la de la Universidad Siglo XXI) es, para muchos habitantes del interior, la única vía real de profesionalización, aunque las exigencias laborales locales limitan el acceso a instancias de formación superior como las maestrías.

La licenciada en Educación Especial: la niñez y el vacío vincular

Su intervención introdujo un dato que atravesó como una alarma el resto de la jornada: la ideación suicida ya aparece en el nivel inicial y primario. Describió un quiebre de la autoridad de crianza —"niños de 3 o 4 años que dominan a su padre y a su madre"— y advirtió que muchas familias reaccionan de manera defensiva u ofendida cuando la escuela intenta señalar el problema. Identificó dos extremos igualmente dañinos: la sobreprotección inmovilizante y la desprotección total, donde los padres se limitan a alimentar y escolarizar sin presencia afectiva.

El docente de escuela secundaria: el consumo interclase

Renzo Meneses desmintió la idea de que la adicción sea patrimonio de los barrios más pobres: la observa con igual severidad entre alumnos de familias "pudientes". Su hipótesis central desplaza el eje económico hacia el vínculo: la raíz del desvío adolescente no es la falta de dinero, sino la ausencia de acompañamiento cotidiano, incluso en hogares de comerciantes que intentan compensar con recursos materiales lo que no dan en presencia.

Claudio: ejecutar, no solo deliberar

El concejal resumió su intervención en una consigna práctica: traspasar el límite de la "charla de café" y convertir los consensos de la asamblea en ordenanzas y resoluciones concretas, sumando a todo el Concejo y a los actores judiciales locales.

Alberto y Lorena: la niñez desamparada de noche

Desde la experiencia vecinal más cruda, Alberto Charrazeta denunció que es habitual ver niños de dos, tres o cuatro años deambulando solos por las calles de la ciudad a la madrugada, y que la comunidad prefiere "mirar para otro lado" hasta que estalla una tragedia.

Gastón Pereyra: el joven de Apolinario Saravia sobre el cooperativismo como "tercera posición"

Con honestidad —"yo no sé bien no conozco el estado de la economía de González"— este participante externo; por vivir en Saravia pero con total interés en encontrar soluciones,  propuso indagar el estado del cooperativismo local y explorar la organización de pequeños productores agrícolas en cooperativas, financiadas no por el Estado (que "no hay dinero", reconoció) sino por microcréditos de fundaciones privadas, aprovechando la fertilidad de las tierras de la región. Fernando Pequeño validó la idea pero matizó con realismo territorial: en Joaquín V. González "no existe una cultura de cooperativa", y las experiencias previas fueron "muy chiquitas". Propuso, en cambio, apoyarse en la base de pequeños productores que el INTA y los agentes sanitarios ya tienen registrada, para organizarlos informalmente como paso previo a estructuras más complejas.

Síntesis visual del texto

4. Problematización: el mapa de tensiones

Lo más valioso del encuentro no es que haya producido consenso, sino que haya dejado a la vista sus propias contradicciones. En el análisis del encuentro asambleario, hemos registrado una tensión central y cinco derivadas, y vale la pena detenerse en cada una porque son, en rigor, el verdadero contenido político de la reunión.

La tensión central enfrenta el paradigma humanístico-comunitario de derechos humanos, encarnado por Fernando Pequeño, con la realidad operativa punitivo-carcelaria que describe el auxiliar de fiscalía. No es una discusión abstracta entre "buenos" y "malos": es el choque entre dos temporalidades y dos responsabilidades distintas. Pequeño mira el problema desde el largo plazo estructural —el extractivismo agrario que produce exclusión— y espera que el Estado invierta en salud comunitaria antes que en represión. El auxiliar de fiscalía mira el problema desde el turno de la comisaría, con treinta personas hacinadas y un vecino que perdió su garrafa. Ninguno de los dos está describiendo una fantasía: describen dos capas superpuestas del mismo colapso. La honestidad del documento está en no resolver esa tensión con una síntesis fácil, sino en dejarla planteada como el problema que la futura mesa de trabajo tendrá que administrar, no resolver de una vez.

La tensión sobre los dispositivos religiosos informales enfrenta la alarma por la falta de profesionalización clínica —"¿qué pasaría si una noche un joven se descompensa? No hay médicos, asistentes, ni enfermeros"— con la crítica metodológica de Pequeño al modelo de los 12 pasos. Aquí el desafío no es ideológico sino de política pública muy concreta: ¿se puede auditar y capacitar a un centro liderado por un pastor sin destruir el único recurso de contención que existe en la ciudad? La proposición de la asamblea —vincular, no clausurar— es pragmática, pero exige algo que hoy no existe: capacidad estatal real de supervisión clínica en el interior salteño.

La tensión entre corresponsabilidad afectiva y desresponsabilización parental es, quizás, la más incómoda de nombrar en público, porque corre el riesgo de leerse como un juicio moral a las familias. El valor de haberla incluido está en que evita victimizar solo "hacia afuera" (el Estado, la droga, la pobreza) y obliga a mirar también el vínculo cotidiano, sin caer en el extremo opuesto de culpabilizar únicamente a los padres, algo que ni el docente ni la licenciada en Educación Especial plantean de esa manera.

La tensión entre el pragmatismo de los "proyectos cortitos" y el inmovilismo burocrático expresa el hartazgo de una comunidad que ya vivió mesas interdisciplinarias que terminaron en "charlas de café o asados". Es una tensión que no es exclusiva de Anta y obedece a la tradición política que tenemos argentinos, salteños y la comunidad de JVG sobre lo que imaginamos que es el poder o quién lo tiene; y que hace hablar siempre desde de la "narrativa de la emergencia permanente" como excusa para descartar el diseño de políticas de largo plazo. La respuesta de la asamblea —metas acotadas a fin de año— es, en ese sentido, una estrategia defensiva contra el desánimo, más que una solución de fondo.

La tensión sobre la autonomía de la sociedad civil frente al "estrés electoral" es la que conecta más directamente con el marco de los imaginarios del poder: la comunidad sabe que cualquier gesto de organización puede leerse como maniobra partidaria, y por eso exige un "lugar neutro". Es exactamente la trampa que describe Gargarella: la sociedad civil solo puede avanzar si logra blindarse de la política formal, pero para blindarse necesita, paradójicamente, que la política formal (el Concejo Deliberante) la habilite con una ordenanza.

La tensión entre la "tercera posición" cooperativista y la ausencia de cultura asociativa muestra los límites de importar un modelo —el cooperativismo agrario— a un territorio donde nunca arraigó, y donde además existen intereses agroexportadores concentrados que no darían lugar a esa competencia. La salida que propone Pequeño (organizar informalmente antes de institucionalizar) es prudente, pero también revela cuán lejos está todavía Anta de una economía social consolidada.

 

5. Marco teórico: leer JVG con Trimboli y con Epele

El estigma como mecanismo de exclusión (Trimboli)

Para entender por qué la asamblea insiste tanto en distinguir entre "adicto delincuente" y "joven con consumo problemático" —y por qué el auxiliar de la fiscalía rechaza tanto la "victimización exculpatoria" como la "estigmatización represiva"— resulta útil el trabajo de Alberto Trimboli, médico psiquiatra argentino, en Consumo problemático de drogas: bases para una clínica ambulatoria y de inclusión sociosanitaria (Trimboli, 2020, Buenos Aires, Noveduc, Colección Conjunciones).

Trimboli retoma la noción de estigma de Erving Goffman para explicar cómo una sociedad convierte una diferencia en una marca moral. Cita a Goffman al definir el estigma como "una clase especial de relación entre atributo y estereotipo" (Goffman, 1998, citado en Trimboli, 2020, p. 33). Trimboli agrega, siguiendo al mismo autor, que el estigma opera clasificando los atributos desacreditadores en tres grandes tipos: las deformidades del cuerpo, los rasgos de carácter percibidos como falta de voluntad —donde incluye explícitamente "adicciones a las drogas"— y los estigmas de raza, nación o religión (Trimboli, 2020, p. 34).

Esta idea explica de manera directa la insistencia del auxiliar de la fiscalía en distinguir entre el "adicto" que delinque sistemáticamente y el joven atrapado en la "zona gris" que no puede ser ni internado ni imputado: ambos extremos —la exculpación automática y la criminalización automática— son, en el fondo, formas de manejar el mismo estigma, solo que en direcciones opuestas.

Trimboli conecta además el estigma con la exclusión social, entendida como falta de accesibilidad: sostiene que "no hay exclusión allí donde todas las personas pueden acceder a todo lo que una sociedad ofrece" (Trimboli, 2020, p. 36). Esta definición dialoga de manera casi literal con la denuncia de Fernando Pequeño sobre Anta como "zona de sacrificio": lo que Pequeño describe en términos territoriales y económicos, Trimboli lo describe en términos de barreras de acceso a derechos.

Un tercer aporte de Trimboli resulta decisivo para pensar la crítica de Pequeño al modelo de los 12 pasos. Trimboli documenta el origen de ese modelo en Alcohólicos Anónimos, fundado en Ohio en 1935, y transcribe sus doce pasos, que incluyen "entregar nuestra voluntad y nuestras vidas en manos de Dios" (Trimboli, 2020, p. 70). Pero el propio Trimboli, al describir las comunidades terapéuticas que adoptaron ese modelo —como Synanon, fundada en California en 1958—, advierte que muchas de ellas funcionaron con un "sistema autoritario y de control muy estricto", con castigos, aislamiento del paciente respecto de su familia (una práctica que Trimboli señala como expresamente prohibida por la Ley Nacional de Salud Mental) y exigencia de abstinencia total, algo que el autor considera contradictorio con la naturaleza misma del padecimiento que se busca tratar (Trimboli, 2020, pp. 70-72). Esto respalda, con literatura clínica, la advertencia que Pequeño planteó en la asamblea sobre los riesgos de aplicar ese modelo sin supervisión profesional a los centros de base religiosa de Joaquín V. González.

Finalmente, Trimboli incorpora la distinción de Eugenio Raúl Zaffaroni entre una "criminología académica" y una "criminología mediática", señalando que esta última, pese a estar plagada de prejuicios, falsedades e inexactitudes, es la que configura las actitudes del común de las personas y sobre la que suelen montarse las decisiones políticas que se traducen en leyes penales (Zaffaroni, 2011, citado en Trimboli, 2020, p. 35). Esta cita ilumina, de modo casi literal, el pasaje de la asamblea en el que el propio auxiliar de fiscalía menciona al "zaffaronismo" como uno de los dos extremos a superar: lo que el auxiliar rechaza no es a Zaffaroni en general, sino el uso simplificado de su crítica a la criminología mediática cuando se convierte, a su vez, en una nueva forma de simplificación.

El cuerpo como zona de sacrificio (Epele)

La expresión "sujeción por la herida", que Pequeño usa para describir la posición del consumidor en la "zona de sacrificio" de Anta, conecta con el título del libro de la antropóloga argentina María Epele, Sujetar por la herida: una etnografía sobre drogas, pobreza y salud (Epele, 2010, Buenos Aires, Paidós).

Epele investigó, a partir de historias orales y trayectorias de vida en barrios populares del Conurbano Bonaerense, cómo los cambios en el uso de drogas acompañaron las transformaciones de la vida cotidiana tras la crisis de 2001-2002 y las reformas neoliberales de los años noventa: el aumento de la pobreza, el desempleo y el desmantelamiento del Estado de bienestar (Epele, 2010). Su pregunta de fondo es cómo esos procesos macrosociales y económicos "toman forma y fragilizan, modelan y son modelados" en los cuerpos y en los vínculos de quienes consumen.

Trasladada a Joaquín V. González, esta perspectiva permite leer la "zona de sacrificio" que describe Pequeño no como una metáfora, sino como una descripción bastante precisa de un mecanismo que Epele documentó en otro punto del país, con otra droga (la cocaína inyectable, luego la pasta base) y otra década: el cuerpo de quien consume se convierte en el lugar donde se hacen visibles —"corporizados", en los términos de Epele— los efectos de un ajuste económico que, en el caso de Anta, tiene un protagonista muy concreto: el agronegocio exportador que concentra la tierra y expulsa mano de obra joven.

 

6. Conclusión: organizarse cuando el Estado se retrae

Lo que ocurrió el 26 de agosto en Joaquín V. González no resolvió nada por sí mismo. No había forma de que lo hiciera: un solo encuentro no construye un centro de salud mental ni reduce el hacinamiento de una comisaría. Pero hizo algo que no es menor: puso en la misma mesa a quien opera el sistema penal todos los días y a quien lo denuncia desde los derechos humanos, a la maestra que ve la ideación suicida en el jardín de infantes y al vecino que ve al niño solo en la madrugada, al concejal que necesita una ordenanza y al joven que llega de otro pueblo con una idea sobre cooperativas. Los hizo hablar en el mismo idioma, aunque no siempre estuvieran de acuerdo.

En un contexto de retracción del Estado nacional y provincial en la protección de derechos con el “desmantelamiento de lo comunitario" como política deliberada, ese gesto de autoconvocatoria tiene un valor que excede lo simbólico. No sustituye la obligación estatal de garantizar salud mental, educación y seguridad; la señala, y la exige, desde un lugar que el propio sistema político no siempre sabe reconocer como legítimo. La insistencia en un "lugar neutro", en "metas cortitas" y en no dejar que la mesa sea "manejada" por el Concejo no es ingenuidad: es la lección aprendida de una comunidad que ya vio morir otras iniciativas por exceso de burocracia o por captura partidaria.

Anta no necesita que se la rescate desde afuera. Necesita que el Estado cumpla la parte que le toca —financiamiento, infraestructura, profesionales— mientras la sociedad civil hace lo que ya está haciendo: nombrar el problema, sostener el vínculo y no mirar para otro lado.

 

Bibliografía

Trimboli, A. (2020). Consumo problemático de drogas: bases para una clínica ambulatoria de inclusión sociosanitaria (Colección Conjunciones, N.º 44). Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico (Noveduc). ISBN 978-987-538-786-7. [Edición digital (EPUB); la paginación citada corresponde a la copia digitalizada consultada, dado que este tipo de edición no posee paginación oficial fija — dato a considerar por el lector que quiera cotejar con otra edición.]

Epele, M. (2010). Sujetar por la herida: una etnografía sobre drogas, pobreza y salud. Paidós. 296 p.

"Imaginarios del Poder en Argentina" (2026). Documento de trabajo. Las referencias a O'Donnell (democracia delegativa) y Gargarella (la "sala de máquinas" de la Constitución) provienen de este documento y remiten a conceptos ampliamente publicados por ambos autores.

 

El Ecosistema de Incidencia Institucional de la Asociación Miguel Ragone: Salud Mental, Derechos Humanos y Articulación Territorial en Salta

 

El Ecosistema de Incidencia Institucional de la Asociación Miguel Ragone: Salud Mental, Derechos Humanos y Articulación Territorial en Salta

 

Este documento presenta un triple abordaje sobre la intervención de la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria en el campo de la salud mental, los consumos problemáticos y la memoria política en Salta. El cuerpo principal describe el ecosistema institucional que la organización ha construido para incidir en esta agenda: su articulación con organismos de derechos humanos, su estrategia de comunicación digital y federalización territorial, la alianza académica con la Maestría en Derechos Humanos de la UNSa y el aporte del Dr. Alberto Trímboli, y el trabajo conjunto con el Comité para la Prevención de la Tortura orientado a lograr la plena integración del Órgano de Revisión y la reforma del Hospital Dr. Miguel Ragone.

El Anexo I incorpora un ensayo de análisis crítico centrado en Joaquín V. González, que profundiza el diagnóstico territorial del consumo problemático en esa localidad del departamento Anta. A partir del diálogo entre Néstor Díaz y Fernando Pequeño, y en diálogo con el marco teórico de María Epele sobre la etnografía de la exclusión, este apartado examina las transformaciones en las dinámicas delictivas y comunitarias locales, el vacío estatal y sus formas de suplencia informal, y problematiza las líneas de acción estratégica propuestas para el territorio.

El Anexo II, por su parte, reconstruye el ideario político de Fernando Pequeño Ragone: su genealogía como continuidad crítica del proyecto emancipatorio de Miguel Ragone, su confrontación con el "pejotismo" y la conducción oficial del PJ salteño, y la territorialización de los derechos humanos hacia la salud mental y la marginación rural. Cierra con su concepción ontológica del monte y el ambiente, en diálogo con el pensamiento socioambiental latinoamericano, como eje de un modelo de desarrollo alternativo al extractivismo.

 

 Síntesis auditiva del texto:

Contenidos:

La institucionalidad histórica de la Asociación Ragone. 4

Ecosistema Digital e Incidencia Institucional de la Asociación Miguel Ragone. 4

El Enfoque Territorial y la Salud Mental Rural: Relevamiento y Acción en Joaquín V. González. 5

Relevamiento y Diagnóstico en Joaquín V. González y el Sureste Salteño. 5

Estrategias de Voluntariado Comunitaria y Prevención de Adicciones. 6

La Estrategia Formativa con Alberto Trímboli en la UNSa: La Maestría en Derechos Humanos. 6

La Contribución Académica del Dr. Alberto Trímboli 7

La Red de Protección Institucional: El Comité para la Prevención de la Tortura y el Impulso del Órgano de Revisión. 7

Relación Institucional con el Comité para la Prevención de la Tortura. 7

Impulso para la Integración del Órgano de Revisión en Salta. 8

Plan de Reforma del Hospital Dr. Miguel Ragone y Plan Provincial Social 8

La Espiral de Articulación Creativa: Matriz de Interseccionalidad y Síntesis Retroalimentada. 9

Conclusiones. 10

Obras citadas. 11

Anexo I. 13

El Margen que Devora y Sostiene: Un Análisis Crítico del Consumo Problemático en Joaquín V. González a la Luz de la Etnografía de la Exclusión. 13

Introducción. 13

La Complejidad Diagnóstica en Joaquín V. González: Del "Raterismo" a la Explotación. 13

El Vacío Estatal y la Privatización del Alivio. 14

Cuerpos sujetos por la herida: una lectura del consumo problemático en Joaquín V. González. 14

Problematización de Líneas de Acción Estratégica. 16

Conclusión. 17

Referencias Bibliográficas. 17

Anexo II. 18

La Reconstrucción del Ideario Ragonista en Salta: Hegemonía Pejotista, Neoliberalismo Territorial y la Ontología del Monte en el Pensamiento de Fernando Pequeño Ragone. 18

Genealogía Política y Ruptura Histórica:
Del Proyecto Emancipatorio a la Consolidación Neoliberal 18

La Confrontación Ideológica con el "Pejotismo" y la Conducción Oficial del PJ de Salta. 18

Estructura Comparativa de los Modelos Políticos en Salta. 19

Territorialización de los Derechos Humanos, Salud Mental y Marginación Rural 20

Ontologías del Monte, Contexto Rural y Conservación Ambientalista Inclusiva. 21

Conclusiones. 21

Obras citadas. 22

 

 

La institucionalidad histórica de la Asociación Ragone

La Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria ha construido un ecosistema de incidencia social y política en la provincia de Salta que articula la memoria histórica del terrorismo de Estado con la agenda contemporánea de los derechos humanos¹. Esta organización, nombrada en homenaje al exgobernador y médico salteño Miguel Ragone —desaparecido en marzo de 1976—, ha expandido su campo de acción original hacia la transformación estructural de las políticas sanitarias³. Entre sus múltiples enfoques de los derechos humanos, una línea de su interés y labor se enfoca en la salud mental, el abordaje integral de los consumos problemáticos, la prevención de la violencia institucional y la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad psicosocial¹.

A través de alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales, instituciones académicas y agencias de monitoreo estatal, la Asociación despliega una praxis multidimensional que conecta el activismo territorial en zonas rurales con la alta formación universitaria y la exigibilidad jurídica ante el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo provincial¹.

Ecosistema Digital e Incidencia Institucional de la Asociación Miguel Ragone

El ecosistema digital y comunicacional de la Asociación Miguel Ragone opera como un dispositivo dinámico de visibilización, articulación comunitaria e incidencia política². Mediante la realización de conversatorios virtuales, campañas digitales de sensibilización y la difusión de informes institucionales, la organización vincula las demandas locales de los municipios salteños con la agenda legislativa y judicial de la provincia¹.

Esta estrategia comunicativa no se limita a la difusión pasiva de contenidos, sino que actúa como un canal de articulación federal dentro del territorio salteño⁸. Muestra de ello fue la organización del conversatorio virtual sobre políticas públicas de diversidad sexoafectiva, impulsado junto a la Mesa de la Diversidad de Salta y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM)⁸. Este encuentro reunió a referentes de las áreas de género y diversidad de más de 45 municipios, facilitando la denuncia pública sobre la escasez de recursos y el repliegue de políticas públicas en el interior provincial⁸.

 

El ecosistema digital de la Asociación Ragone sostiene la difusión de informes técnicos, las acciones de Amicus Curiae y las incidencias normativas mediante plataformas y herramientas digitales que permiten publicar resultados, análisis jurídicos y recomendaciones públicas. Estas herramientas se emplean con el propósito estratégico de exigir la plena reglamentación de la Ley de Salud Mental y de prevenir la violencia institucional. Entre los actores clave que acompañan y validan estas acciones se cuentan el Comité Nacional para la Prevención de la TOrtura (CNPT), el CELS y el Colegio de Abogados de Salta entre otros; al mismo tiempo, la estrategia incorpora monitoreo jurídico permanente para documentar incumplimientos y promover recursos legales e intervenciones técnicas.

La federalización territorial se apoya en encuentros y conversatorios virtuales intermunicipales que utilizan videoconferencias, plataformas colaborativas y redes locales para relevar necesidades concretas en materia de salud mental, género y consumos problemáticos en municipios más alejados. El objetivo central es identificar demandas y prácticas locales para orientar políticas y apoyo técnico; en este marco participan activamente las áreas de género municipales, la Mesa de la Diversidad y la Oficina de Violencia contra la Mujer (OVcM), que además alimentan los procesos de monitoreo e incidencia local.

La formación académica se despliega a través de seminarios, webinars y la difusión de ofertas de posgrado universitario, herramientas digitales que permiten capacitar a profesionales y a integrantes del sistema sanitario en modelos comunitarios basados en derechos. Esta línea estratégica se articula con la Maestría en Derechos Humanos de la UNSa y la Residencia en Salud Mental, generando una oferta formativa que conecta teoría, normativa y práctica en territorios diversos.

La dimensión memoria y ciudadanía utiliza campañas digitales y la cobertura en línea de hitos cívicos e históricos para vincular las violaciones de derechos del pasado con las luchas institucionales del presente. A través de contenidos, archivos digitales y acciones comunicacionales se reconstruyen relatos que sostienen demandas de justicia y reparación. Organizaciones como H.I.J.O.S. Salta, ADIUNSa y la Liga Argentina por los Derechos Humanos actúan como actores clave en estas iniciativas, combinando acción presencial y presencia digital para fortalecer la memoria activa en la comunidad.

En conjunto, estas líneas del ecosistema digital —difusión técnica y jurídica, federalización territorial, formación académica y memoria ciudadana— conforman una estrategia integral que articula dispositivos y herramientas digitales con objetivos de incidencia normativa, capacitación y reparación simbólica y material, involucrando a actores académicos, jurídicos y sociales para sostener procesos de transformación en clave de derechos.

 

El Enfoque Territorial y la Salud Mental Rural: Relevamiento y Acción en Joaquín V. González

Uno de los aportes más sustantivos de la Asociación Miguel Ragone reside en su perspectiva descentralizada de la salud mental, formulada como respuesta al modelo centralista que concentra la infraestructura asistencial y los recursos profesionales en la capital provincial¹. La provincia de Salta presenta asimetrías marcadas en el acceso a la atención sanitaria, siendo las zonas rurales las más afectadas por la escasez de dispositivos intersectoriales y de equipos interdisciplinarios¹.

Relevamiento y Diagnóstico en Joaquín V. González y el Sureste Salteño

La Asociación ha establecido una línea de trabajo prioritaria en el departamento Anta y el sureste salteño, abarcando localidades como Joaquín V. González, Metán, El Galpón, Las Lajitas, El Quebrachal y Apolinario Saravia¹. Las labores de relevamiento orientadas a visibilizar la detección y asistencia de la salud mental en el contexto rural han permitido identificar fallas estructurales en el sistema de atención¹:

·       Precarización de los Dispositivos Locales: Las áreas municipales abocadas a la atención social, la diversidad y la salud mental enfrentan una severa limitación de recursos presupuestarios y técnicos, lo que reduce su capacidad asistencial a intervenciones de emergencia sin continuidad terapéutica⁸.

·       Centralización y Derivación Exclusiva: Ante situaciones de descompensación psiquiátrica o consumos problemáticos agudos, la respuesta predeterminada del sistema público del interior consiste en la derivación hacia el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone en la Capital¹¹. Este esquema satura la institución monovalente y desarraiga a la persona asistida de su núcleo familiar y comunitario¹¹.

·       Peligrosidad de la Respuesta Policial: En los entornos rurales, la falta de dispositivos sanitarios de urgencia provoca que las crisis de salud mental sean gestionadas por las fuerzas de seguridad estatales¹. Esto deriva en aprehensiones arbitrarias e internaciones en comisarías, registrándose graves casos de violencia institucional e incluso muertes bajo custodia en dependencias policiales, como las relevadas por el Comité contra la Tortura en la localidad de Joaquín V. González¹⁴.

·       Vulnerabilidad Interseccional en Poblaciones LGBTIQ+: En las comunidades rurales, la discriminación hacia las diversidades sexoafectivas opera como un factor agravante que profundiza los padecimientos subjetivos y levanta barreras de acceso a los servicios de salud pública¹.

 

 

Estrategias de Voluntariado Comunitaria y Prevención de Adicciones

Para revertir esta dinámica, la Asociación impulsa el desarrollo de programas de voluntariado en salud mental y prevención de adicciones en Joaquín V. González y municipios aledaños¹. La propuesta busca capacitar a referentes comunitarios, agentes sanitarios y docentes en herramientas de contención primaria y detección precoz¹. Esta estrategia descentralizada promueve el acompañamiento territorial y evita la institucionalización forzosa del usuario¹.

La Estrategia Formativa con Alberto Trímboli en la UNSa: La Maestría en Derechos Humanos

La transformación del modelo asistencial requiere la consolidación de marcos teóricos y prácticos que reformulen la capacitación de los equipos de salud¹. En este sentido, la Asociación Miguel Ragone ha articulado alianzas con el ámbito universitario, particularmente dentro de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta (UNSa)⁵.

Esta propuesta académica integra contenidos vinculados al derecho a la salud, el modelo social de la discapacidad y las garantías normativas aplicadas a los abordajes psicosociales⁵.

La Contribución Académica del Dr. Alberto Trímboli

Un componente central en esta estrategia pedagógica es la participación del Dr. Alberto Trímboli, especialista en psiquiatría, psicólogo social, ex presidente de la Federación Mundial de Salud Mental y coordinador del sector de adicciones del Hospital Álvarez¹⁵. El Dr. Trímboli ha participado como docente e investigador invitado en las actividades de posgrado de la UNSa y en los ciclos de formación continua organizados para los equipos de salud de la provincia⁵.

La propuesta formativa basada en los aportes de Trímboli se articula sobre tres ejes teóricos centrales:

·       Integración de las Adicciones a la Salud Mental: En oposición a las perspectivas punitivas o de aislamiento, se promueve la atención de los consumos problemáticos en hospitales generales y centros de salud de atención primaria⁵. De acuerdo con este enfoque, las adicciones constituyen una dimensión inseparable de la salud mental que debe abordarse sin estigmatización y con pleno respeto a la autonomía del paciente⁵.

·       Presunción de Capacidad Legal y Autonomía: Se enfatiza el respeto a la capacidad jurídica de los usuarios de servicios de salud mental, priorizando el consentimiento informado y las directivas anticipadas frente a las prácticas de sustitución de la voluntad⁵.

·       Sustitución Gradual de Instituciones Monovalentes: Se fundamenta la urgencia de reestructurar las instituciones manicomiales de encierro prolongado, reemplazándolas por dispositivos comunitarios, centros de día e iniciativas de inclusión sociolaboral⁵.

Esta propuesta educativa dialoga directamente con la Residencia Asistencial e Interdisciplinaria de Salud Mental de Salta, capacitando a los residentes para operar como profesionales de cambio dentro del sistema sanitario provincial¹. Se amplia con las relaciones con la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Salta y el Órgano Nacional de Salud Mental.

 

La Red de Protección Institucional: El Comité para la Prevención de la Tortura y el Impulso del Órgano de Revisión

Relación Institucional con el Comité para la Prevención de la Tortura

La alianza estratégica con el CNPT y el Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia de Salta parte del reconocimiento de que los dispositivos de internación psiquiátrica y los espacios de encierro constituyen ámbitos de alto riesgo para la vulneración de derechos y la ocurrencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes¹.

En este marco de cooperación, la Asociación desarrolla las siguientes acciones específicas:

1.      Elaboración de Protocolos de Monitoreo: Diseño de herramientas e indicadores para la inspección periódica de instituciones monovalentes, dispositivos residenciales y centros de alojamiento de personas sujetas a medidas de seguridad¹.

2.     Presentación de Amicus Curiae: Junto a organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados de Salta, la Asociación ha intervenido en litigios colectivos ante la Corte de Justicia provincial para exigir la erradicación del hacinamiento y la violencia en centros de detención y dispositivos asistenciales⁷.

3.     Participación en el Consejo Consultivo: La organización forma parte activa del Consejo Consultivo del Comité Provincial, aportando información técnica y diagnósticos territoriales para la confección de los informes anuales sobre violencia institucional¹⁴.

Impulso para la Integración del Órgano de Revisión en Salta

Tanto la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 como la Ley Provincial N.º 8323 mandan la creación del Órgano de Revisión¹. Este organismo multidisciplinario e intersectorial —conformado por el Ministerio de Salud, la Defensoría General, asociaciones de usuarios, profesionales y organismos de derechos humanos— tiene como función supervisar las internaciones involuntarias, controlar el cumplimiento de las garantías legales y proteger los derechos de los usuarios¹.

En Salta, la plena operatividad e integración del Órgano de Revisión ha enfrentado continuas postergaciones administrativas¹. La Asociación Miguel Ragone lidera las gestiones institucionales y la exigibilidad pública para lograr su reglamentación e integración efectiva, entendiendo que la ausencia de este órgano de control habilita situaciones de institucionalización desproporcionada¹.

Plan de Reforma del Hospital Dr. Miguel Ragone y Plan Provincial Social

El trabajo desarrollado en el marco del proyecto del CNPT incluye el diseño de propuestas de política pública para la provincia¹:

●       Plan de Reforma del Hospital Dr. Miguel Ragone: Aunque el hospital cuenta con avances puntuales —como la sala de desintoxicación con 6 camas¹¹, los dispositivos de Residencia Asistida que abarcan a 13 usuarias y usuarios en casas de medio camino¹³, y el seguimiento del Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad¹³—, la Asociación promueve una transformación estructural que progresivamente reemplace el modelo monovalente por redes comunitarias¹.

●       Plan Provincial de Salud Mental desde las Organizaciones Sociales: Elaboración de un plan de salud mental construido participativamente desde la sociedad civil para dialogar con los programas asistenciales del Estado provincial¹.

 

Dimensión de Análisis	Modelo Monovalente / Tradicional	Modelo Promovido por la Asociación Miguel Ragone
Lugar de Atención	Centrado en el Hospital Psiquiátrico Monovalente3.	Red descentralizada en Hospitales Generales y Atención Primaria en contexto rural1.
Abordaje de las Adicciones	Enfoque punitivo o internación de desintoxicación aislada11.	Integración de las adicciones como dimensión de la salud mental e inclusión comunitaria1.
Mecanismo de Control	Autoevaluación administrativa e interna del hospital11.	Fiscalización externa mediante el Órgano de Revisión e inspección de tortura1.
Perspectiva de Derechos	Tutelar, basada en la presunta peligrosidad del sujeto9.	Presunción de capacidad, autonomías, consentimiento informado y perspectiva LGBTIQ+1.
Estrategia Territorial	Derivación compulsiva hacia la capital provincial11.	Relevamiento local, voluntariados y fortalecimiento de áreas municipales rurales1.

 

La Espiral de Articulación Creativa: Matriz de Interseccionalidad y Síntesis Retroalimentada

Las acciones de la Asociación Miguel Ragone se estructuran bajo una dinámica de espiral de articulación creativa¹. Este modelo teórico-práctico describe un proceso circular, ascendente y retroalimentado, donde cada línea de acción nutre y fortalece a las demás, evitando la fragmentación de las intervenciones institucionales¹.

La espiral se despliega a través de cinco etapas interconectadas:

1.      Memoria Histórica como Marco Ético: La trayectoria del exgobernador y médico Miguel Ragone fundamenta una visión de la salud pública centrada en la justicia social, el respeto a la vida y la defensa indisoluble de los derechos humanos³.

2.     Relevamiento Territorial en Contexto Rural: El trabajo directo en municipios como Joaquín V. González y El Galpón permite recoger evidencia empírica sobre las necesidades sanitarias insatisfechas, las barreras de acceso de poblaciones vulnerabilizadas y los episodios de violencia institucional en el interior provincial¹.

3.     Sistematización y Formación Académica: Los datos y problemáticas identificados en el territorio se introducen en la agenda de investigación y docencia de la Universidad Nacional de Salta, a través de la Maestría en Derechos Humanos⁵. La participación del Dr. Alberto Trímboli y la articulación con la Residencia de Salud Mental brindan solidez teórica y metodológica a las demandas sociales¹.

4.     Incidencia Legal y Monitoreo Institucional: Las evidencias territoriales y el conocimiento académico respaldado se transforman en insumos jurídicos y técnicos para el trabajo coordinado con el Comité para la Prevención de la Tortura¹. Desde allí se impulsan protocolos de supervisión, acciones de Amicus Curiae y la exigencia para la integración del Órgano de Revisión conforme a la Ley 8323¹.

5.     Devolución Comunitaria y Protección Efectiva: La creación de mecanismos de control y el fortalecimiento de las normativas de salud mental retornan a los territorios rurales en forma de programas de voluntariado capacitados, prevención de los malos tratos en comisarías y redes locales de contención¹.

Esta síntesis procesal demuestra cómo la investigación aplicada, la capacitación universitaria y el litigio estratégico se retroalimentan continuamente para transformar la realidad asistencial de la provincia¹.

Conclusiones

La intervención de la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria en el campo de la salud mental y los consumos problemáticos representa un modelo integral de exigibilidad de derechos en la provincia de Salta¹. Al articular la memoria histórica con las problemáticas sanitarias contemporáneas, la organización ha logrado interpelar las lógicas manicomiales y punitivas que históricamente han caracterizado la atención de los padecimientos mentales¹.

El trabajo desarrollado en el contexto rural —con especial énfasis en la localidad de Joaquín V. González— pone de manifiesto la urgencia de descentralizar la red asistencial, incorporar la perspectiva de género y diversidad, y erradicar la intervención policial frente a las crisis de salud mental¹. La alianza académica con la Universidad Nacional de Salta y la perspectiva especializada del Dr. Alberto Trímboli proporcionan el sustento técnico indispensable para formar profesionales orientados hacia modelos comunitarios e interdisciplinarios⁵.

Finalmente, la cooperación institucional con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ubica a la Asociación en una posición clave para impulsar la definitiva conformación y operatividad del Órgano de Revisión regulado por la Ley 8323¹. La consolidación de este marco de supervisión no solo resulta vital para reestructurar la atención en instituciones como el Hospital Dr. Miguel Ragone, sino para garantizar la efectividad de los derechos humanos en cada municipio de la provincia¹.

Obras citadas

1.     Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria - Comité Nacional para la prevención de la tortura, https://cnpt.gob.ar/asociacion-miguel-ragone-por-la-verdad-la-justicia-y-la-memoria/

2.     Buscan que en Salta se apruebe una ley de Memoria, Verdad y Justicia - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/489332-buscan-que-en-salta-se-apruebe-una-ley-de-memoria-verdad-y-j/

3.     Hospital Doctor Miguel Ragone - Wikipedia, la enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Doctor_Miguel_Ragone

4.     LA HISTORIA ABIERTA DE MIGUEL RAGONE - Revista Livertá!, https://revistaliverta.com.ar/2026/03/11/la-historia-abierta-de-miguel-ragone/

5.     Equipos sanitarios podrán capacitarse en Salud Mental - Gobierno de Salta, https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/equipos-sanitarios-podran-capacitarse-en-salud-mental-105245

6.     Untitled, http://bo.unsa.edu.ar/cdh/R2024/Res._1025_24.pdf

7.     El Comité contra la Tortura reclama reformas al Servicio Penitenciario - El Tribuno, https://www.eltribuno.com/salta/2025-8-20-0-0-0-el-comite-contra-la-tortura-reclama-reformas-al-servicio-penitenciario

8.     Debate sobre cómo fortalecer las políticas LGBTIQ+ en los municipios - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/838292-debate-sobre-como-fortalecer-las-politicas-lgbtiq-en-los-mun/

9.     INTERVIEW with ALBERTO TRIMBOLI, president of the ARGENTINE ASSOCIATION of MENTAL HEALTH - YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=F06miGy7HSI

10.  EFEMÉRIDES – Página 10 – CPPS - Colegio Profesional de Psicólogos de Salta, https://psicologossalta.com.ar/category/efemerides/page/10/

11.  Salud Pública habilitó una nueva sala de desintoxicación hospitalaria - Gobierno de Salta, https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/salud-publica-habilito-una-nueva-sala-de-desintoxicacion-hospitalaria-64013

12.  Los hospitales en Salta deben atender urgencias de salud mental - El Vocero, https://elvocerohoy.com/contenido/26303/los-hospitales-en-salta-deben-atender-urgencias-de-salud-mental

13.  El hospital Miguel Ragone trabaja con tratamientos integrales para externación - Gobierno de Salta, https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/el-hospital-miguel-ragone-trabaja-con-tratamientos-integrales-para-externacion-97692

14.  El Comité contra la Tortura relevó graves condiciones de detención en Joaquín V. González, https://www.pagina12.com.ar/2026/02/06/el-comite-contra-la-tortura-relevo-graves-condiciones-de-detencion-en-joaquin-v-gonzalez/

15.  Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria - UNT, https://www.unt.edu.ar/wp-content/uploads/2026/06/26posgrado-con-ISBN.pdf

16.  Catálogo Derecho 2019-2024 | PDF | Herencia | Adopción - Scribd, https://es.scribd.com/document/751179603/Catalogo-2

17.  Alberto Trimboli: “Esto es discriminar a las personas con problemas de salud mental”, https://splendidam990.com/noticias/alberto-trimboli-esto-es-discriminar-a-las-personas-con-problemas-de-salud-mental

18.  Adicciones - Municipalidad de Salta, https://municipalidadsalta.gob.ar/desarrollo-social/adicciones/

19.  La UNSa participó de la presentación del Informe Anual 2025 del Comité para la Prevención de la Tortura de Salta, https://www.unsa.edu.ar/2026/08/la-unsa-participo-de-la-presentacion-del-informe-anual-2025-del-comite-para-la-prevencion-de-la-tortura-de-salta/

20.  Mesa de trabajo por el Centro de Tratamiento para Personas con Medidas de Seguridad - Ministerio Público Pupilar de la Provincia de Salta, https://mpasesoriasalta.gov.ar/mesa-de-trabajo-por-el-centro-de-tratamiento-para-personas-con-medidas-de-seguridad/

21.  El hospital Ragone ya tiene su sala de desintoxicación para adicciones - Informate Salta, https://informatesalta.com.ar/salud/el-hospital-ragone-ya-tiene-su-sala-de-desintoxicacion-para-adicciones_a695d4fd2583e698128cf6d21

22.  carta de servicios del hospital dr. miguel ragone - Boletín Oficial de la Provincia de Salta, https://boletinoficialsalta.gob.ar/instrumento.php?cXdlcnR5dGFibGE9UnwzOTRELzA0JmRhdGE9MTcwNDJxd2VydHk=

 

 

Anexo I

El Margen que Devora y Sostiene: Un Análisis Crítico del Consumo Problemático en Joaquín V. González a la Luz de la Etnografía de la Exclusión

Introducción

El consumo problemático de sustancias en los sectores populares no constituye un hecho clínico aislado, sino la manifestación sintomática de profundas transformaciones económico-políticas que fracturan el lazo social. En el territorio de Joaquín V. González (departamento de Anta, Salta), la emergencia de los consumos de drogas se presenta como un nudo crítico donde convergen el desamparo institucional, la precarización comunitaria y la reconfiguración de la delincuencia. Este ensayo se propone analizar la complejidad del diagnóstico de esta localidad salteña a partir del diálogo político-territorial entre Néstor Díaz y Fernando Pequeño, cruzando sus hallazgos con los enfoques teóricos de María Epele (2010) plasmados en su obra Sujetar por la herida. A través de este diálogo conceptual, se problematizarán las líneas de acción estratégica propuestas para el territorio, evaluando sus alcances y contradicciones estructurales, como un primer avance a ser discutido en reunión con los concejales del legislativo municipal de JVG  y otros actores a considerar a partir de esa primera reunión.

 

La Complejidad Diagnóstica en Joaquín V. González: Del "Raterismo" a la Explotación

El diagnóstico de Joaquín V. González devela un territorio en plena mutación de sus dinámicas delictivas y vecinales. De acuerdo con el análisis de Néstor Díaz, el perfil de los jóvenes consumidores ha transitado de conductas de mendicidad pasiva hacia una violencia de carácter extorsivo y depredatorio contra comerciantes y vecinos. Esta transición de prácticas pacíficas a lo que localmente se describe como "ya te atacan, te apretan, ahora exigen" ilustra con precisión lo que Epele (2010) conceptualiza como la "lógica del ventajeo" y el quiebre de los tradicionales "códigos" comunitarios. La máxima nativa de "no robar en el barrio" se desvanece ante la urgencia de una toxicidad que funciona como una "aspiradora" de recursos familiares y comunitarios.

Asimismo, la complejidad del diagnóstico se profundiza al detectar que estos jóvenes no actúan en el vacío, sino que son capturados en un circuito de "alto raterismo" y explotación por parte de redes delictivas superiores. Díaz advierte que los jóvenes, impulsados por la necesidad de obtener dosis, roban objetos cotidianos y son instrumentalizados para realizar espionaje e inteligencia urbana a altas horas de la noche. Este fenómeno materializa la noción de Epele (2010) sobre la "economía marginal extractiva": la sustancia adictiva opera como un vector de sujeción corporal que permite a sectores con mayor poder extraer valor —ya sea material o de información— de poblaciones previamente precarizadas y desprovistas de ciudadanía real.

 

El Vacío Estatal y la Privatización del Alivio

El diagnóstico sobre la desatención por parte de los gobiernos municipales de la región en salud mental debe leerse, ante todo, como una cuestión histórica de las concepciones y demandas sociales de las incumbencias de los gobiernos municipales en el territorio; las que durante décadas fueron dejadas en manos de instancias externas o privatizadas por inercia institucional. En este marco, la inacción previa del municipio de Joaquín V. González puede interpretarse a la luz de la "expropiación del bienestar" descrita por Epele (2010). La erosión de equipos interdisciplinarios en el hospital local y el aislamiento extremo del psicólogo clínico Vivas —denominado por actores locales como el núcleo central de la atención— mostraron cómo, por omisión, funciones de protección y cuidado podían privatizarse de facto.

Sin embargo, esa misma trayectoria histórica está empezando a revertirse: el Concejo Deliberante local ha mostrado un renovado interés por desarrollar intervenciones activas, y los concejales han tomado una postura proactiva para recuperar espacios de decisión y articulación institucional. Esta valorización de la acción legislativa local coloca a Joaquín V. González como municipio adelantado en la estrategia de reparación institucional, al promover políticas y acuerdos que buscan recomponer equipos interdisciplinarios, fortalecer la formación profesional y coordinar con niveles provinciales y organizaciones sociales.

Mientras tanto, y en ausencia de una respuesta estatal consolidada durante años, surgieron dispositivos informales de contención. En Joaquín V. González, las iglesias evangélicas asumieron roles de rehabilitación comunitaria frente al vacío público. Como advierte Pequeño, la aplicación sistemática de programas religiosos o de "12 pasos" —pensados originalmente para el tratamiento del alcoholismo— puede provocar fallas en diagnóstico y tratamiento cuando se enfrentan adicciones complejas y de rápido deterioro. Este panorama coincide con el análisis de Epele (2010) sobre la precarización y medicalización de la pobreza: la falta de supervisión profesional e idónea conduce a prácticas con personal no calificado y lógicas basadas en el control moral más que en criterios clínicos, exponiendo a las personas a riesgos de vulneración subjetiva aún bajo la intención declarada de "rescate".

 

Cuerpos sujetos por la herida: una lectura del consumo problemático en Joaquín V. González

Cuando se observa el consumo problemático en Joaquín V. González únicamente desde la óptica de la seguridad pública, se corre el riesgo de reducir un fenómeno complejo a una sucesión de hechos delictivos aislados: robos, extorsiones, "alto raterismo". Sin embargo, la evidencia territorial recogida en la localidad —jovenes vecinos que ya no reconocen los códigos que antes regulaban la convivencia barrial, la saturación absoluta de un hospital que sostiene su respuesta en salud mental sobre un único profesional, la proliferación de dispositivos confesionales que suplen sin herramientas clínicas la ausencia del Estado— exige una lectura de mayor densidad teórica. La obra de María Epele sobre las lógicas de sujeción corporal en contextos de consumo ofrece ese marco: permite pensar el fenómeno no como una patología individual ni como una mera falla de orden público, sino como el resultado de un entramado de despojos sucesivos que atraviesa el cuerpo, el vínculo comunitario y el Estado.

El primer despojo es el de la reciprocidad. La frase que circula entre los vecinos de JVG —"ya te atacan, te apretan, ahora exigen"— describe un quiebre preciso: el paso de una mendicidad pasiva, tolerada dentro de cierto código barrial no escrito, a una exigencia violenta que ya no respeta los límites de la propia comunidad de pertenencia. Este tránsito no es casual. Cuando el consumo se intensifica y los objetos propios se agotan como moneda de cambio —la ropa, el calzado, cualquier bien transable—, el joven consumidor recurre al entorno inmediato, erosionando la microseguridad del barrio que hasta entonces lo alojaba. Leído en clave de Epele, se trata de la pérdida de la transabilidad material básica: cuando no queda nada propio para intercambiar, el cuerpo mismo y el vínculo con el vecino se convierten en el único recurso disponible, y la urgencia corporal se traduce en conducta depredatoria.

El segundo despojo es el de la instrumentalización. Los jóvenes adictos de Joaquín V. González no solo consumen: son utilizados. Redes de microtráfico y estructuras delictivas de mayor escala los convierten en mano de obra barata y desechable —comercializadores nocturnos, informantes, "espías" de objetivos—, extrayendo valor; de cuerpos ya precarizados por el consumo. Esta economía marginal extractiva no podría sostenerse sin la connivencia, activa o por omisión, de sectores con poder de decisión local, y sin la debilidad estructural de una justicia que, al depender administrativamente de un distrito judicial distante, llega tarde o no llega. El resultado es una distribución desigual del castigo: mientras las redes superiores operan con relativa impunidad, la persecución penal recae casi en exclusiva sobre los eslabones más débiles de la cadena, aquellos cuyo único capital es su propio cuerpo consumido.

El tercer despojo es el del Estado mismo. La gestión municipal que durante décadas pasadas circunscribe su agenda al asfalto y la luminaria, y que remite la salud mental a una competencia exclusivamente provincial, no es una omisión neutra: es una forma activa de retiro que expropia a la comunidad de una respuesta que le corresponde exigir desde el nivel de gobierno más próximo. Ese vacío no queda sin ocupar. Lo llenan, con enorme esfuerzo y sin las herramientas adecuadas, las iglesias evangélicas, que hoy funcionan como el único dispositivo de contención disponible. Pero al aplicar mecánicamente programas como los "12 pasos" —diseñados para el alcoholismo— a consumos complejos y combinados, sustituyen el abordaje clínico por una moralización terapéutica que privatiza el cuidado en la comunidad y expone a los jóvenes a formas de sujeción subjetiva no reguladas, sin supervisión profesional ni garantías de derechos.

Esta lectura articulada tiene consecuencias directas sobre qué tipo de intervención resulta pertinente. Si el diagnóstico se limitara a la superficie —más policía, más represión del "alto raterismo"— se estaría tratando el síntoma más visible de una cadena de despojos que lo antecede y lo excede. Y si la respuesta institucional se limitara a ampliar la prescripción farmacológica ante la falta de psiquiatras, se correría el riesgo inverso: resolver el conflicto social por la vía de una sujeción química paliativa, que aquieta los cuerpos sin reconstruir los lazos comunitarios ni abrir horizontes reales de inserción educativa o laboral.

La mesa de trabajo intersectorial que se propone impulsar desde el Concejo Deliberante de Joaquín V. González solo estará a la altura de esta complejidad si asume, como primeras líneas de acción, dos tareas ineludibles: por un lado, la auditoría y el acompañamiento técnico de los dispositivos confesionales que hoy sostienen, en soledad y sin herramientas, la contención de la crisis; por otro, la reconstrucción de un verdadero equipo interdisciplinario de salud mental que saque al sistema sanitario local de su actual estado de fragmentación y aislamiento. Solo así la respuesta institucional podrá devolver a los jóvenes de Joaquín V. González el estatuto de sujetos de derecho, y no el de cuerpos sujetos por la herida.

 

 

Problematización de Líneas de Acción Estratégica

Frente a este complejo panorama, los interlocutores proponen tres líneas de acción estratégica que ameritan ser problematizadas:

1. La Mesa de Trabajo Intersectorial y la Gobernanza Local

Fernando Pequeño sostiene que, ante la inoperancia municipal y judicial, el Concejo Deliberante debe liderar civilmente la mesa de trabajo intersectorial, convocando a la salud pública, la justicia, las iglesias y el sector privado agroexportador. Si bien esta propuesta busca democratizar y territorializar la gobernanza de la salud mental, se enfrenta a la tensión de articular actores con intereses profundamente divergentes. Para evitar que esta mesa sea una mera herramienta de "boceto superficial" o de cooptación política, requiere una supervisión civil estricta y una base de derechos humanos que ponga freno a la criminalización del usuario.

2. La Prescripción Farmacológica por Psicólogos

Una de las propuestas más controversiales formuladas por Pequeño es autorizar legalmente a psicólogos idóneos la prescripción de tratamientos farmacológicos controlados de desintoxicación, dada la escasez crítica de psiquiatras en el interior provincial. Aunque esta medida busca resolver un cuello de botella práctico, encierra un peligro latente que Epele (2010) advierte con vehemencia: la profundización de la medicalización de la pobreza. Facilitar el acceso a psicofármacos sin una sólida estructura interdisciplinaria puede terminar traduciéndose en una tecnología de "sujeción química" u olvido inducido, donde las pastillas (como el clonazepam) sustituyan las carencias del sistema, adormeciendo los cuerpos en lugar de reparar sus lazos sociales.

3. Descentralización Judicial y Autonomía de Anta Sur

La propuesta de concretar un distrito judicial autónomo para Anta Sur busca agilizar los procesos por delitos menores y contravenciones en Joaquín V. González, evitando la dependencia jurisdiccional de Metán. No obstante, desde una perspectiva de derechos humanos, esta autonomía no debe limitarse a fortalecer el "dispositivo policial-judicial-sanitario" (Epele, 2010) que alimenta el encarcelamiento o el depósito de jóvenes en calabozos críticos. La descentralización judicial solo será estratégica si viene acompañada de mecanismos de control civil contra la tortura y de una desjudicialización de las crisis subjetivas, evitando que la justicia penal siga siendo la única puerta de entrada para "tratar" la salud mental de los sectores vulnerables.

 

Conclusión

El diagnóstico de Joaquín V. González devela un territorio herido donde el consumo de drogas se engarza con la criminalidad y el desamparo estructural. Al cruzar esta realidad con la obra de Epele (2010), se evidencia que la salida a la crisis no reside en la mera intensificación del control policial ni en la medicalización paliativa del sufrimiento. Las estrategias diseñadas en el territorio, como la mesa intersectorial, la reforma de las prescripciones y la descentralización de la justicia, se mueven en una cornisa delicada. Para que estas acciones dejen de ser paliativos cosméticos, deben apuntar a la reconstrucción del lazo social y al restablecimiento de la dignidad colectiva, arrebatando a los jóvenes del circuito extractivo de las drogas para devolverles el estatus de sujetos de derecho, capaces de recordar, resistir y "rescatarse" en su propia comunidad.

 

Referencias Bibliográficas

• Epele, M. (2010). Sujetar por la herida: Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Paidós.
• Ragone – Díaz (2026). Diagnóstico estratégico: Adicciones y salud mental en Joaquín V. González. Documento interno de trabajo basado en el diálogo de Néstor Díaz y Fernando Pequeño de fecha 30 de julio de 2026.

 

 

Anexo II

La Reconstrucción del Ideario Ragonista en Salta: Hegemonía Pejotista, Neoliberalismo Territorial y la Ontología del Monte en el Pensamiento de Fernando Pequeño Ragone

 

Genealogía Política y Ruptura Histórica: Del Proyecto Emancipatorio a la Consolidación Neoliberal

La trayectoria política e intelectual de Fernando Pequeño Ragone se inscribe en la necesidad histórica de dar continuidad y reinterpretación crítica al proyecto emancipatorio encarnado por su abuelo, el Dr. Miguel Ragone, único gobernador provincial desaparecido por el terrorismo de Estado en la Argentina¹. Electo en marzo de 1973 al frente de la Lista Verde del Partido Justicialista con más del 57% de los sufragios, Miguel Ragone encabezó una experiencia gubernamental caracterizada por la democratización profunda de la salud pública, la redistribución del ingreso y la movilización de los sectores populares y campesinos históricamente postergados por las oligarquías provinciales². Aquel proyecto popular fue interrumpido en noviembre de 1974 mediante la intervención federal dispuesta por el gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón, antesala del secuestro y desaparición forzada del mandatario el 11 de marzo de 1976¹.

Desde la perspectiva analítica de Pequeño Ragone, la eliminación física de la figura del gobernador y el consecuente descabezamiento de su gabinete no representaron meros excesos represivos, sino un plan de disciplinamiento social diseñado para clausurar las posibilidades de democratización en el Noroeste Argentino². Este fenómeno produjo una transformación estructural en la cultura política de Salta, deviniendo en una sociedad atemorizada, con instituciones degradadas y dominada por dirigencias dispuestas a subordinar el interés público a los sectores de poder concentrado².

El quiebre del orden constitucional en los años setenta sentó las bases para la posterior implantación del modelo neoliberal en la provincia². A partir de la reconstrucción democrática de 1983, el aparato estatal salteño fue moldeado por sucesivas administraciones que instrumentalizaron la identidad peronista para ejecutar políticas de desregulación económica, privatización de activos públicos y consolidación de un esquema extractivista². La derivada neoliberal no solo reestructuró la economía provincial en favor del agronegocio y la especulación financiera, sino que también cooptó las estructuras partidarias tradicionales, sustituyendo la participación popular por lógicas clientelares y de patronazgo político².

La Confrontación Ideológica con el "Pejotismo" y la Conducción Oficial del PJ de Salta

En el escenario político contemporáneo, Fernando Pequeño Ragone —quien se ha desempeñado como Consejero Provincial del Partido Justicialista entre 2019 y 2023 y referente del Ateneo Miguel Ragone— ha mantenido una postura de abierta confrontación doctrinaria e institucional frente a la conducción oficial del partido⁴. La tensión central radica en la denuncia sistemática del "pejotismo", fenómeno conceptualizado como la degradación del peronismo en una maquinaria burocrático-electoral desprovista de contenido ideológico, cuya función principal es legitimar proyectos de poder de corte conservador y neoliberal⁴.

Esta divergencia doctrinaria alcanzó un punto de máxima visibilización pública en febrero de 2021, cuando Pequeño Ragone remitió una intimación formal a las autoridades del Consejo Provincial y de la Comisión de Acción Política (CAP) del PJ salteño⁴. En dicha presentación, el dirigente condicionó su permanencia en el órgano partidario a la apertura inmediata de un debate interno sobre las estrategias de conducción y los criterios de alianza electoral⁴. Expresó de manera categórica su negativa a ser cómplice de la disimulación de la falta de diálogo, la coexistencia de estructuras paralelas de decisión y la subordinación del justicialismo a frentes provinciales hegemonizados por sectores neoliberales de derecha⁴.

La crítica ragonista hacia la conducción oficial se fundamenta en la convicción de que el Partido Justicialista de Salta fue despojado de sus banderas históricas de justicia social, soberanía política e independencia económica para convertirse en un apéndice de las élites de gobierno⁴. Mientras las cúpulas partidarias han promovido la asimilación del PJ a modelos que benefician a la patria financiera y a la concentración del capital, la militancia afín al ideario de 1973 reivindica el peronismo setentista como un movimiento de liberación nacional, antiimperialista, democrático e integrado con la preservación ambiental⁴.

Estructura Comparativa de los Modelos Políticos en Salta

La distancia entre el ideario emancipatorio ragonista y la praxis de la conducción partidaria oficialista se evidencia en sus definiciones doctrinarias, sus bases de sustento socioeconómico y sus concepciones de desarrollo.

En cuanto al sujeto político central, el proyecto emancipatorio ragonista (1973–1974) se fundamentó en los trabajadores organizados, sectores populares, el campesinado y una dirigencia territorial preocupada por la articulación comunitaria; por contraste, la hegemonía neoliberal-pejotista contemporánea coloca en el centro a élites gubernamentales, conglomerados empresariales y estructuras dinásticas provinciales, configurando así una base social y política marcadamente distinta.

Respecto al rol del Partido (PJ), el ragonismo concibió al partido como herramienta de movilización masiva y transformación social (Lista Verde), orientada a la construcción de poder popular y a políticas redistributivas; hoy, la maquinaria partidaria se muestra como un aparato burocrático-electoral dedicado al pragmatismo y al vaciamiento ideológico, priorizando la reproducción del poder y la gestión de clientelas. En la dimensión de la matriz socioeconómica, el proyecto ragonista proponía un desarrollo nacional-popular, con énfasis en la redistribución del ingreso y el fortalecimiento del Estado como actor regulador y promotor del bienestar social; en cambio, la hegemonía contemporánea opera a partir de un modelo extractivista, con primarización de la economía y alineamiento a lógicas de mercado que subordinan la política provincial a intereses productivos y financieros.

La concepción de la naturaleza refleja igualmente esta bifurcación: para el ragonismo, el territorio fue concebido como espacio vital de las comunidades subordinado al bienestar colectivo y a la reproducción social; en el modelo actual, la naturaleza se contempla principalmente como recurso transable, orientada a la expansión de la frontera agropecuaria y generadora de pasivos ambientales.

Finalmente, en el abordaje de derechos se advierten prácticas divergentes: el proyecto emancipatorio sostuvo una perspectiva integral de derechos humanos, con énfasis en democratización y memoria activa; la hegemonía neoliberal-pejotista contemporánea, en cambio, evidencia una gestión burocrática que articula respuestas de seguridad y una institucionalidad fragmentada, con consecuencias sobre la protección de derechos sociales y culturales.

 

Territorialización de los Derechos Humanos, Salud Mental y Marginación Rural

Ante el vaciamiento de los espacios partidarios tradicionales, Fernando Pequeño Ragone ha desplazado la praxis política hacia la gestión institucional y la sociedad civil, presidiendo la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria y articulando con variedad de organizaciones de la sociedad civil y de órganos del estado provincial y municipales. A través de estos dispositivos, la organización ha extendido el paradigma de los derechos humanos más allá del juzgamiento de los crímenes de la dictadura, vinculándolo con la denuncia de la violencia institucional contemporánea, la crisis de la salud mental y la marginación del contexto rural salteño⁸.

Un hito fundamental de esta agenda es el proyecto ejecutado junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), orientada a incidir en la reglamentación de la Ley Provincial de Salud Mental 8323 y la conformación de su Órgano de Revisión⁹. La investigación institucional parte de constatar que la degradación del sistema sanitario público afecta de forma desproporcionada a las poblaciones vulnerables, proponiendo un protocolo de monitoreo en instituciones de encierro y la elaboración de un plan de reforma integral para el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone⁹.

El rasgo distintivo de esta intervención radica en su despliegue territorial hacia el departamento de Anta y el corredor del sudeste provincial, abarcando municipios como Joaquín V. González, Metán, El Galpón, Las Lajitas, El Quebrachal y Apolinario Saravia⁹. En estas localidades rurales, la inexistencia de dispositivos comunitarios de atención en salud mental y adicciones deriva en la criminalización de las adicciones y en situaciones de violencia institucional bajo custodia estatal⁹. Asimismo, en alianza con la Mesa de la Diversidad de Salta y la Sub Secretaría de Género del Gobierno de Salta, la Asociación ha articulado con áreas municipales de género para visibilizar las demandas del colectivo LGBTIQ+ en más de 45 municipios, denunciando que la falta de presupuesto y el desinterés de los intendentes locales perpetúan la exclusión en el interior profundo de la provincia¹³.

Ontologías del Monte, Contexto Rural y Conservación Ambientalista Inclusiva

La mirada de Fernando Pequeño Ragone sobre el contexto rural y las poblaciones del monte contrapone la lógica del extractivismo agroindustrial con una concepción ontológica de la naturaleza arraigada en el pensamiento socioambiental latinoamericano⁴. El modelo de desarrollo impulsado por las administraciones hegemonizadas por el "pejotismo" contemporáneo ha considerado al monte chaqueño salteño como una superficie improductiva destinada al desmonte, la expulsión de comunidades campesinas e indígenas y la homogeneización del paisaje a favor de la soja y la ganadería intensiva².

Frente a esta perspectiva mecanicista, Pequeño Ragone formula una interpretación donde el monte no constituye una mera reserva de materia prima ni un espacio vacío de cultura, sino una trama relacional viva e indivisible de la cual las comunidades rurales son parte constitutiva⁴. Las ontologías de la naturaleza en el pensamiento ragonista comprenden que la biodiversidad, los cursos de agua y los bosques nativos sostienen la identidad, los saberes ancestrales y las posibilidades reales de subsistencia de las poblaciones locales⁴. Por ende, la destrucción del monte equivale a la destrucción de la memoria sociocultural y de la economía campesina².

Esta formulación filosófica no desemboca en un conservacionismo contemplativo o excluyente que pretenda clausurar el territorio a la actividad humana⁴. Por el contrario, se postula la conservación ambiental sin oposición al desarrollo inclusivo⁴. La preservación de los ecosistemas es conceptualizada como un requisito de la sustentabilidad económica y la justicia redistributiva⁴. A través de su labor en el Consejo Económico Social de Salta y de talleres de formación en derechos humanos y ambiente dirigidos a jóvenes del interior, Pequeño Ragone sostiene que el verdadero desarrollo de Salta exige romper con la dependencia extractivista⁴. Esto implica promover modelos productivos de diversificación local, agroecología, agregado de valor en origen y turismo comunitario que garanticen el trabajo digno sin vulnerar los límites ecológicos del territorio⁴.

Esta propuesta socioambiental se entrelaza de forma directa con los principios históricos del peronismo setentista de liberación nacional, actualizados en el siglo XXI como una lucha contra la reprimarización de la economía y en defensa de la soberanía territorial de los pueblos del interior⁴.

Conclusiones

El examen de la praxis de Fernando Pequeño Ragone revela que su postura política no representa una disidencia coyuntural dentro de la interna partidaria, sino un cuestionamiento estructural al modelo de dominación política y económica consolidado en Salta tras la caída del gobierno de Miguel Ragone².

La denuncia del "pejotismo" como vehículo del neoliberalismo salteño expone la cooptación de las herramientas partidarias para la reproducción de un orden social desigual y fragmentado². Frente a este proceso de vacuidad doctrinaria, la labor realizada desde la Asociación Miguel Ragone demuestra la posibilidad de reconstruir una praxis política basada en la defensa irrestricta de los derechos humanos, la fiscalización de las instituciones de encierro y la descentralización de las políticas públicas hacia los municipios rurales del interior provincial⁸.

Finalmente, la integración conceptual entre las ontologías del monte, la preservación ecológica y el desarrollo inclusivo sitúa al ideario ragonista en el centro de los debates contemporáneos sobre la transición socioecológica⁴. La defensa del ambiente no se plantea como un freno al progreso, sino como la garantía de soberanía y justicia social para las poblaciones del interior, proyectando una alternativa política capaz de disputar el rumbo del desarrollo en la Salta del siglo XXI².

 

Obras citadas

1.     Hospital Doctor Miguel Ragone - Wikipedia, la enciclopedia libre, https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Doctor_Miguel_Ragone

2.     La vigencia del ideario del exgobernador Miguel Ragone a 50 años de su desaparición forzada - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/2026/03/11/la-vigencia-del-ideario-del-exgobernador-miguel-ragone-a-50-anos-de-su-desaparicion-forzada/

3.     Falleció la viuda del ex gobernador Miguel Ragone - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/240865-fallecio-la-viuda-del-ex-gobernador-miguel-ragone/

4.     Crisis del PJ: ahora Pequeño Ragone amenaza con renunciar - El Expreso de Salta, https://elexpresodesalta.com.ar/contenido/14339/crisis-del-pj-ahora-pequeno-ragone-amenaza-con-renunciar

5.     El pejotismo el responsable del vaciamiento ideológico del partido - Radio Nacional, https://www.radionacional.com.ar/el-pejotismo-el-responsable-del-vaciamiento-ideologico-del-partido/

6.     A cerca del aumento de la violencia política por la conducción del gobierno nacional en argentina - Ferpeq entrevistado - iVoox, https://www.ivoox.com/a-cerca-del-aumento-violencia-politica-audios-mp3_rf_132242961_1.html

7.     “Generación Justicialista”: San Millán encabeza la lista saencista, y no hay participación del urtubeycismo ni La Cámpora - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/2026/06/29/generacion-justicialista-san-millan-encabeza-la-lista-saencista-y-no-hay-participacion-del-urtubeycismo-ni-la-campora/

8.     Buscan que en Salta se apruebe una ley de Memoria, Verdad y Justicia - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/489332-buscan-que-en-salta-se-apruebe-una-ley-de-memoria-verdad-y-j/

9.     Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Justicia y la Memoria - Comité Nacional para la prevención de la tortura, https://cnpt.gob.ar/asociacion-miguel-ragone-por-la-verdad-la-justicia-y-la-memoria/

10.  CESS SALTA - Consejo Económico Social, https://cessalta.org.ar/cess/consejo

11.  Noticia: Jóvenes del interior aprenderán sobre ... - Gobierno de Salta, https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/jovenes-del-interior-aprenderan-sobre-derechos-humanos-y-ambiente-84009

12.  El Comité contra la Tortura relevó graves condiciones de detención en Joaquín V. González, https://www.pagina12.com.ar/2026/02/06/el-comite-contra-la-tortura-relevo-graves-condiciones-de-detencion-en-joaquin-v-gonzalez/

13.  Debate sobre cómo fortalecer las políticas LGBTIQ+ en los municipios - Pagina 12, https://www.pagina12.com.ar/838292-debate-sobre-como-fortalecer-las-politicas-lgbtiq-en-los-mun/