En el Colegio de Abogados de Salta, el Instituto de Género organizó una jornada de formación sobre ciberdelitos y evidencia digital que, en su aparente foco técnico, escondía una pregunta mucho más profunda: ¿estamos preparados, como sociedad y como sistema jurídico, para proteger a las personas en el mundo que ya habitamos?
La disertante, la Dra. Sofía Cornejo, Fiscal de Ciberdelitos
de la provincia con más de dos décadas de trayectoria, no llegó a dictar una
clase magistral. Llegó a proponer un cambio de mirada.
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| Dra. Sandra Bonari y Fiscal Sofía Cornejo |
Producido con apoyo de tecnología digital
IA: NotebookLM y Claude.
El mundo que no vemos como mundo
La primera y más radical de sus proposiciones no fue técnica sino conceptual: internet no es una herramienta. Es un mundo. Un espacio donde las personas no solo buscan información, sino que establecen vínculos, construyen identidades, ejercen poder y también son vulneradas. Esta distinción, aparentemente semántica, tiene consecuencias jurídicas y culturales de enorme alcance.
Mientras el sistema legal continúa tratando al entorno
digital como un mero instrumento —algo que se usa para cometer un delito
"real"— los operadores jurídicos llegan tarde, mal equipados y con
categorías conceptuales obsoletas. La Dra. Cornejo no solo señala esa brecha:
la convierte en el eje de su propuesta pedagógica. Su objetivo declarado es que
cada abogado, juez o funcionario que la escuche salga de la sala con una nueva
comprensión del universo digital como territorio donde ocurren hechos
jurídicamente relevantes, donde se generan evidencias y donde se sufre daño
real.
Ese cambio de paradigma es urgente. Y la jornada de Salta es
un ejemplo, modesto pero significativo, de que algunos sectores del sistema
están dispuestos a dar ese paso.
Las preguntas que llegaron desde el auditorio
Entre los concurrentes, Fernando Pequeño Ragone planteó dos
de las inquietudes más reveladoras de la tarde. La primera: ¿qué ocurre cuando
la sincronización automática de la nube deposita en el dispositivo de un
usuario contenido ilícito recibido de forma pasiva? ¿Puede alguien convertirse
en poseedor de material de abuso sexual infantil —lo que la fiscalía denomina
correctamente MASI— sin haberlo buscado ni descargado conscientemente?
La pregunta no es menor. Toca directamente el problema del
dolo en entornos automatizados, donde las plataformas tecnológicas actúan por
su cuenta, sincronizando, replicando y almacenando contenidos sin intervención
del usuario. La respuesta de la Dra. Cornejo fue clara: técnicamente, sí, eso
puede ocurrir. Y precisamente por eso la prevención —entendida como
conocimiento activo del funcionamiento de los sistemas que uno utiliza— se
vuelve una obligación, no un consejo.
La segunda pregunta de Pequeño Ragone apuntó al horizonte
institucional: ¿hacia dónde van las fiscalías especializadas en ciberdelitos?
¿Se irán integrando a los fueros comunes a medida que la tecnología se
normalice, o la sofisticación creciente del crimen digital exigirá, por el
contrario, una especialización cada vez mayor? Es una pregunta que no tiene
respuesta definitiva hoy, pero que importa formularse, porque de ella depende
cómo se distribuyen los recursos, la formación y la autoridad investigativa en
los años por venir.
La vulnerabilidad que no es abstracta
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| Dra. Sofía Cornejo, fiscal de Ciberdelitos, Salta. |
En ese contexto, la discusión sobre el lenguaje adquiere un
peso inesperado. La fiscal insistió en desterrar el término "pornografía
infantil" para reemplazarlo por MASI —Material de Abuso Sexual Infantil—
porque las palabras construyen realidad. Llamar pornografía a lo que es abuso
implica, aunque sea implícitamente, la posibilidad de un consentimiento que los
niños y niñas son incapaces de otorgar. El nombre incorrecto genera, en el
mejor de los casos, confusión; en el peor, impunidad.
Otra voz del encuentro, identificada como la Dra. Alandíaz,
introdujo el problema del vacío normativo: hay conductas profundamente dañinas
—como la difusión de imágenes íntimas de adultas sin su consentimiento— que el
Código Penal argentino no tipifica de forma específica. Ante esa laguna, la
fiscalía debe recurrir a figuras como el "daño agravado por violencia de
género" para no dejar a las víctimas completamente desprotegidas. Es un
vericueto jurídico que revela, antes que ingenio, una mora legislativa inaceptable
en un país donde estas conductas son moneda corriente.
La prueba que vale y la que no
Uno de los bloques más prácticos de la jornada estuvo
dedicado a la evidencia digital y sus estándares de validez. La Dra. Cornejo
fue terminante: una captura de pantalla es un indicio débil. Puede estar
manipulada, descontextualizada, recortada. El estándar técnico irrefutable para
preservar conversaciones de WhatsApp es la exportación directa del chat, un
procedimiento que genera un archivo con estructura, metadatos y continuidad que
la simple imagen no puede garantizar.
Este detalle, que puede parecer menor, tiene consecuencias
enormes en causas de violencia de género, acoso laboral, grooming o extorsión.
Un caso puede perderse no porque no haya prueba, sino porque la prueba fue mal
preservada. La tarea de la fiscalía —y también, subrayó Cornejo, la de cada
abogado en cualquier fuero— es conocer esa diferencia antes de que sea tarde.
La idea que articula esta posición es la de la
transversalidad de la evidencia digital: no hay fuero donde los datos digitales
no sean relevantes. El abogado de familia que ignora cómo se exporta un chat,
el juez laboral que descarta una conversación porque "es solo una
captura", el defensor civil que no sabe pedir una medida preliminar para
identificar a un perfil anónimo: todos ellos están en desventaja en un mundo
donde cada relación humana deja rastros digitales.
La permanencia como condena y como herramienta
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| Abogado Mauro Castro y fiscal Sofía Cornejo |
Hay una idea que atraviesa toda la disertación como un hilo de fondo: en internet, nada desaparece del todo. La Dra. Cornejo lo llama la permanencia del rastro digital, y lo plantea en dos sentidos simultáneamente.
Para las víctimas, esa permanencia es una condena: la imagen
difundida sin consentimiento se masifica, se replica, se indexa, y ningún
mecanismo de desindexación puede borrarla realmente del universo digital. El
llamado "derecho al olvido" es, en el mejor caso, una medida
paliativa.
Para los investigadores, en cambio, esa misma permanencia es
la base de toda la arquitectura probatoria. Las IPs, los logs, los metadatos,
las marcas de tiempo: todo eso sobrevive, y puede reconstruir con precisión lo
que una persona dijo, hizo o compartió, a pesar de que lo haya borrado de su
dispositivo. La evidencia digital es, en eso, cualitativamente distinta de la
testimonial: no tiene memoria falible, no tiene interés en mentir, no se
olvida.
Por qué esta charla importa ahora
La jornada del Colegio de Abogados de Salta no ocurrió en un
vacío. Ocurrió en un momento en que la complejización del universo digital está
acelerándose de manera que ningún sistema legal del mundo ha podido acompañar
cabalmente. La inteligencia artificial generativa produce deepfakes de alta
fidelidad que pueden fabricar evidencia o destruir reputaciones en segundos.
Las comunidades digitales subterráneas —algunas de ellas mencionadas en el
encuentro— operan con códigos propios, en plataformas diseñadas para eludir la
trazabilidad. El grooming ocurre en plataformas de juegos que los padres ni
siquiera reconocen como espacios de socialización.
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| Salón de conferencias, Colegio de Abogados de Salta. |
Frente a ese escenario, la formación de operadores jurídicos no es un lujo académico. Es una condición de posibilidad para que el sistema de justicia siga siendo funcional. Un magistrado que no entiende qué es una IP nateada, un defensor que no distingue entre un delito informático puro y un delito común cometido con medios digitales, un querellante que presenta capturas de pantalla como prueba central: todos ellos están, involuntariamente, contribuyendo a la impunidad.
La Dra. Cornejo lo sabe, y por eso eligió no quedarse en su
fiscalía esperando que los casos lleguen bien instruidos. Eligió salir a
enseñar. A abogados, a jueces, a adolescentes en colegios secundarios. Su
apuesta es que la prevención —real, técnica, honesta sobre los peligros— vale
más que la persecución posterior.
En un sistema jurídico que siempre llega tarde a los cambios
tecnológicos, esa apuesta no es menor. Es, quizás, lo más parecido a una
estrategia que tenemos.
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