miércoles, 18 de noviembre de 2026

El cuerpo que talla: mi encuentro con Juan José Choque en la Unidad Penal 1 de Villa Las Rosas

 


Nov 18, 2026 · @Fernando Pequeño

Llegué a Villa Las Rosas por una invitación. El alcaide Juan Pablo Yapura, Jefe de la Seguridad Externa del Servicio Penitenciario de Salta, me había convocado para invitarme formalmente a la inauguración del busto de mi abuelo, el doctor Miguel Ragone. La obra está emplazada en el pasaje público que une el Centro de Salud Mental para Pacientes Judicializados con el Hospital Miguel Ragone, un lugar donde la cárcel y el hospital se rozan. La charla fue informal y se hizo caminando: una recorrida por el territorio para pensar juntos cómo sumar al acto a las autoridades provinciales, a los organismos de derechos humanos y a la Legislatura.

En esa caminata, Yapura me habló de lo que busca. Quiere que el Servicio Penitenciario, el hospital y las organizaciones de derechos humanos trabajen coordinados. Quiere que se valore el trabajo artístico y la formación de los internos, y que el entorno del hospital y del penal tenga mejor iluminación y seguridad. Me contó también de algunas iniciativas para humanizar el encierro. Fue en ese marco, y gracias a esa apertura, que pude pedir lo que más me importaba: conocer al hombre que había tallado el rostro de mi abuelo.

Fernando Pequeño Ragone y Alcaide Juan Pablo Yapura
junto al busto de Ragone en el sitio del emplazamiento.


Salir del penal

El 17 de noviembre de 2026, poco antes de las tres de la tarde, acababa de salir del penal de Villa Las Rosas y lo primero que hice fue grabar mi voz. No quería que el encuentro se me escurriera en la rutina del día. Había ido a conocer a Juan José Choque, un hombre de unos treinta años que talló en cemento un busto de mi abuelo, Miguel Ragone, y lo cubrió luego con un barniz dorado.

Ese busto será colocado en un acto que organizan juntos el Servicio Penitenciario de Salta y el Hospital Miguel Ragone. Escribo este texto para quienes participan de esa trama del homenaje: agentes, autoridades, trabajadoras y trabajadores del hospital, docentes del penal, compañeras y compañeros de derechos humanos. Quiero contarles cómo fue conocer al escultor, porque creo que un homenaje no se completa en la pieza terminada sino en las manos que la hicieron.

Al salir, dejé registradas dos cosas. La primera, personal: la empatía que percibí en Juan José. La segunda, estructural: el recorrido espacial que tuve que hacer dentro de la cárcel para poder conversar con él. Con los días entendí que ambas cosas hablan de lo mismo, que es el cuerpo: el cuerpo que se somete para entrar y el cuerpo que, aun encerrado, sale al encuentro del otro.

El recorrido: entrar despojándose

Para llegar a Juan José tuve que atravesar una secuencia que conozco bien desde mi tarea en el Consejo Consultivo del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, pero que no deja de impresionarme. Primero me pidieron el documento. Después vinieron las esperas sin explicación, esos minutos en los que uno no sabe si lo olvidaron o lo están evaluando.

Siguieron cuatro o cinco instancias de requisa. Entregué el celular, entregué las llaves. Cada puerta me sacaba algo: un objeto, un poco de tiempo, un poco de iniciativa. Llamo a eso desubjetivación: el proceso por el cual el sujeto que llega con nombre, historia y propósito es reducido, paso a paso, a un cuerpo que espera, que obedece y que se deja revisar.

Yo entré como visitante y con acompañamiento institucional; salí a las pocas horas. Si a mí ese tránsito me afecta, pienso en lo que significa para las familias que lo atraviesan cada semana y para quienes viven del otro lado. No se trata de suprimir la seguridad, sino de reconfigurar estos espacios con perspectiva de derechos humanos, para que el control no se convierta en ocasión de abuso de poder. Lo digo aquí porque el homenaje a Ragone, que fue médico antes que gobernador, nos compromete con esa revisión.

Los cuerpos que custodian

Antes de ver a Juan José conversé con un agente del Servicio Penitenciario que dirige la escuela de boxeo del penal y el gimnasio municipal de barrio Tribuno. Me contó que había conocido a mi padre en el mundo del fisicoculturismo. De pronto, en medio de los controles, apareció una genealogía inesperada: la de los cuerpos entrenados, disciplinados, cuidados con constancia.

No es un dato menor. En la cárcel el cuerpo es el primer objeto del poder: se lo cuenta, se lo revisa, se lo traslada. Pero ese mismo agente me mostraba otra cara de la disciplina, la que se vuelve oficio, enseñanza y orgullo. El gimnasio, el ring, la cancha de básquet y el taller son lugares donde el cuerpo encerrado recupera algo de soberanía sobre sí.

En todo el trayecto me acompañó personalmente el alcaide Juan Pablo Yapura, jefe de seguridad externa, que también estuvo presente cuando conversé con Juan José. Quiero dejarlo asentado con su nombre, porque su disposición hizo posible el encuentro y porque la coordinación del acto con el Hospital Ragone pasó, en buena medida, por esa conversación compartida.

El cuerpo de Juan José

Cuando entré a la sala de bienestar, antes de cualquier palabra, hubo una empatía visual y corporal inmediata. En mis notas de campo quedó apenas eso, una línea. Pero esa línea es el centro de este ensayo, y quiero detenerme en ella sin pudor y sin apuro.

Lo que sentí en ese primer momento fueron las ganas de vivir: esa fuerza que nos empuja hacia los otros, que nos hace desear el contacto y poner el cuerpo entero en lo que hacemos. Es lo que uno siente cuando un compañero te pasa la pelota justa, cuando el que entrena al lado no afloja, cuando dos hombres se dan la mano y se miran sabiendo que el otro está entero. Cualquiera que haya pisado un ring, una cancha o un gimnasio conoce esa energía. Es la misma que la cárcel, por su propia lógica, tiende a apagar, porque el encierro está hecho para que el cuerpo obedezca y espere. Por eso, cuando esa fuerza aparece adentro, vale la pena contarla.

El cuerpo de Juan José me habló antes que su voz. Es un cuerpo de deportista, hecho en la cancha de básquet y en el gimnasio del sector de bienestar, y no se achica frente al que llega de afuera. Me miró de frente, como se mira en la cancha al rival que uno respeta. Adentro, sostener la mirada puede leerse como desafío; en él no había desafío sino dignidad. Fue el primer gesto de libertad que encontré en el penal.

Pensé en sus manos. Antes de la condena, Juan José era tatuador: trabajaba sobre la piel ajena, con la intimidad que exige marcar para siempre el cuerpo de otra persona con su consentimiento. Fue justamente el robo de sus herramientas de tatuaje lo que desencadenó la pelea en una esquina donde, por disparos de un arma que pertenecía a un tercero, murió un joven. Esa muerte pesa sobre esta historia y no la omito: por ella Juan José cumple una condena de nueve años, de la que lleva siete, junto a su padre. Esas mismas manos, privadas de la piel, aprendieron a tallar el cemento. Del cuerpo vivo pasaron a la materia dura, y de la materia dura extrajeron el rostro de un hombre al que nunca conocieron.

Ahí está, creo, lo que quiero decir: unas ganas de contacto, de hacer y de dar, que el encierro no le pudo sacar y que él puso en la obra. Hay algo muy íntimo, y muy propio de los hombres que trabajan con las manos, en que un desconocido haya pasado horas tallando con paciencia la frente, los pómulos y la boca de mi abuelo. Cuando lo tuve enfrente sentí que ese trabajo también me tocaba a mí. El busto es, a su modo, un abrazo que llegó tarde entre él y mi familia.

No quiero hacerla fácil. Entre él y yo había una diferencia que ninguna simpatía borra: yo podía irme y él no; yo elegí la visita y a él ni siquiera le avisaron. Por eso hablo de esto con cuidado, como el reconocimiento entre dos hombres que se saben vivos, y no como algo que me autorice a hablar por él. Lo que sí puedo decir es lo que me pasó: salí de esa sala sabiendo que me había mirado una persona, no que me había evaluado una institución.

Lo que no se le dijo

A Juan José no le habían avisado el motivo de mi visita. Me presenté yo mismo: le dije que era nieto de Miguel Ragone y que trabajo en derechos humanos. Esa omisión no fue un descuido individual, sino una muestra del carácter verticalista del Servicio Penitenciario, donde las decisiones bajan y la persona privada de libertad es la última en enterarse.

Tampoco sabía que el busto que él esculpió ya había sido colocado en su sitio de emplazamiento final. Su obra había salido al mundo sin él. En la cárcel, el interno pierde también el derecho a la información sobre aquello que él mismo produjo.

Lo señalo ante ustedes, que organizan el acto, con una propuesta concreta: que Juan José sea informado de cada paso del homenaje, que su nombre figure junto a la obra y que, en la medida en que la normativa lo permita, pueda estar presente o al menos enviar sus palabras. Un homenaje a Ragone que invisibilice al autor de su imagen repetiría, en pequeño, la misma lógica que deberíamos desarmar.

El hospital como punto de encuentro

En un momento de la charla, Juan José me agradeció. No a mí: al Hospital Miguel Ragone. Me contó que su madre y su hermano menor retiran allí los medicamentos para el tratamiento del hermano. Lo dijo con sencillez, como quien reconoce una deuda de cuidado.

Ese fue el punto donde todo se anudó. El nombre de mi abuelo, que para mí es memoria, herida y militancia, para la familia Choque es un lugar concreto adonde se va a buscar alivio. El médico que fue Ragone sigue cuidando, a través de la institución que lleva su nombre, a la familia de quien talló su rostro.

Pienso que aquí lo erótico y lo político se tocan. El cuidado de la salud pública es también una forma de Eros social: un sostener los cuerpos de los otros sin pedirles méritos. Que el busto vaya al hospital no es solo un gesto simbólico; es devolver la imagen al lugar que, de hecho, ya unía a Juan José con Ragone.

La Pachamama y la universidad

Antes de despedirnos, Juan José me mostró otra obra: una escultura colectiva hecha en el colegio secundario del penal, con materiales reciclados, en homenaje a la Pachamama y con un mensaje ambiental. Si el busto de Ragone es una obra de manos solitarias, esta es una obra de muchas manos, un cuerpo colectivo que vuelve a la tierra lo que la sociedad descarta.

Una responsable del área del secundario sugirió donarla al teleférico o al mercado artesanal. Entiendo la intención de darle visibilidad. Propuse, en cambio, que se done a la Universidad Nacional de Salta, para reivindicar las políticas de educación superior en contextos de encierro y para que la pieza sea leída como lo que es: producción de conocimiento y de cultura desde la cárcel, no artesanía para turistas.

Ofrezco mi compromiso para gestionar esa donación ante la UNSa, si las autoridades del Servicio Penitenciario y el equipo del colegio lo consideran adecuado. La reinserción social no empieza el día del egreso: empieza cuando la obra de una persona presa es recibida por una institución que la reconoce como par.

A quienes hacen el homenaje

Escribo esto para el Servicio Penitenciario, para el Hospital Miguel Ragone y para todas las personas que van a estar en el acto. Me gustaría que, cuando miremos el busto dorado, no veamos solo a Ragone. Que veamos también las manos de Juan José, su mirada de frente en la sala de bienestar, el deseo de contacto que el encierro desplazó del cuerpo vivo al cemento.

Mi abuelo fue desaparecido por haber pensado la salud y la política como cuidado de los cuerpos más frágiles. Honrarlo hoy es sostener esa misma ética en los lugares donde los cuerpos están más expuestos al poder. Por eso propongo tres gestos concretos:

1.       Informar a Juan José de cada paso del acto y nombrarlo como autor de la obra.

2.       Revisar, con perspectiva de derechos humanos, las condiciones de ingreso al penal para visitas y familias.

3.       Donar la escultura colectiva de la Pachamama a la Universidad Nacional de Salta.

Salí de Villa Las Rosas con una certeza simple: incluso en la cárcel sobreviven las ganas de vivir, de tocar el mundo con las manos y de encontrarse con otros, y nuestra tarea es no apagarlas. Un homenaje verdadero no fija a los muertos en bronce, o en cemento dorado; mantiene abierto el circuito de cuidado entre los vivos.


lunes, 16 de noviembre de 2026

Inscripción en experiencia formativa Salud Mental, Juventudes y Derechos de las Familias

 



Experiencia formativa para familias

Salud Mental, Juventudes y Derechos de las Familias

Acompañar sin expulsar.

Formato2 encuentros presenciales de 3 horas, sábados por la mañana, cada 15 días
LugarColegio San Cayetano, Salta Capital
FechasDiciembre / enero · [FECHAS A CONFIRMAR]
Quiero inscribirme

¿Por qué esta propuesta?

Una familia sola no puede. Una familia organizada, sí.

En Salta, las familias que acompañan a jóvenes con consumos problemáticos o padecimiento psíquico enfrentan una doble desprotección:

Institucional

Un sistema de salud fragmentado, tratamientos privados y amparos judiciales de alto costo.

Social

El estigma y el desconocimiento de las leyes que las protegen.

Sin orientación técnica y legal, quedan expuestas a:

  • Internaciones arbitrarias, sin evaluación interdisciplinaria ni control.
  • Sobremedicación sin seguimiento adecuado.
  • Comunidades terapéuticas cerradas que reproducen lógicas de encierro.

Informadas y organizadas, las familias pueden acompañar sin expulsar y exigir al Estado lo que le corresponde.

Nuestro enfoque

Los consumos son una cuestión de salud y de derechos

No son delitos ni fallas morales: son padecimientos que tienen historia y contexto.

Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657

  • Los consumos problemáticos son parte de la salud mental.
  • La internación es el último recurso.
  • Abordaje interdisciplinario y consentimiento informado.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad · Ley N.º 26.378

Modelo social: las barreras están en el entorno, no en la persona.

Perspectiva de género y masculinidades

En muchos varones jóvenes, el consumo funciona como prueba ante el grupo, como «aguante» y como anestesia frente a la frustración. Desarmar ese mandato desde la familia permite pedir ayuda a tiempo.

El programa

Dos encuentros, paso a paso

Exposición dialogada con especialistas, análisis de casos de Salta, escucha sin juicios y talleres prácticos. Tocá cada encuentro para ver el detalle.

Encuentro 1Salud mental, vínculos familiares y abordaje integral
45 min
El diagnóstico como herramienta, no como etiqueta. Padecimiento, diagnóstico clínico y Certificado Único de Discapacidad (CUD). Salir de la culpa y la parálisis.
45 min
Masculinidades, juventudes y consumos. El «aguante», la presión de pares y la dificultad para pedir ayuda. Acompañar sin romper el vínculo ni recurrir al encierro.
60 min
Uso responsable de psicofármacos, con especialista médico invitado. Regulación emocional vs. sobremedicación; riesgos de cambiar dosis sin control; cómo dialogar con el equipo tratante.
30 min
Espacio de escucha y relevamiento de dudas para el segundo encuentro.
Encuentro 2Marco legal, discapacidad y defensa de derechos
50 min
Ley Nacional de Salud Mental. Internación como último recurso; cómo actuar en una crisis; rol del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y del Órgano de Revisión.
40 min
Discapacidad y CUD. Cuándo tramitarlo; acompañante terapéutico, transporte e inclusión educativa para evitar el abandono escolar.
60 min
Taller jurídico y violencia institucional, con asesor legal invitado. Obra social por monotributo social; nota, carta documento y amparo ante una negativa; derechos ante detenciones y requisas.
30 min
Cierre y entrega del kit territorial.

¿Para quién es?

Para quienes acompañan a adolescentes y jóvenes

Madres y padresFamiliaresReferentes afectivosDocentesReferentes comunitariosPersonas interesadas

No hace falta saber nada antes.

Te llevás un kit territorial

  • Modelos de notas de reclamo a obras sociales.
  • Guía de preguntas para la consulta médica.
  • Checklist para tramitar el CUD.
  • Directorio de organismos gratuitos de Salta: Defensorías Oficiales, Asesoría de Incapaces, Comité para la Prevención de la Tortura, Secretaría de Derechos Humanos y centros de salud.

Es un espacio de formación comunitaria, no de atención clínica: no se brindan indicaciones de tratamiento ni de medicación.

Arancel y becas

Nadie debería quedar afuera por razones económicas

Arancel accesible · ciclo completo

$ [MONTO]

Incluye los dos encuentros y el kit territorial. Podés pagarlo en dos tramos quincenales de $ [MONTO].

Becas parciales

Se piden con una solicitud simple a la Comisión Directiva de la Asociación Miguel Ragone.

Inscripción en dupla

Bonificación de [%] si se inscriben juntos dos familiares o vecinos.

El arancel sostiene, por autogestión, la tarea de la Asociación y los honorarios de los especialistas invitados.

Quiénes hacemos esta propuesta

Organizan

Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia · Fundación «Defendiendo Derechos» (www.defendiendoderechos.com.ar).

Con miembros del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta y profesionales invitados de la psicología, la medicina y el derecho.

Adhieren

[ADHESIONES A CONFIRMAR]

Sede

Colegio San Cayetano · Salta Capital.

Esta propuesta forma parte de las acciones en salud mental de la Asociación, integradas a su Ecosistema Digital de Memoria Activa.

Inscripción y consultas

[TELÉFONO / CORREO DE CONTACTO]

Completar inscripción

Familias que se organizan: salud mental, juventudes y derechos en Salta

 


Nov 16, 2026 · @Fernando Pequeño

A cerca de la experiencia formativa «Salud Mental, Juventudes y Derechos de las Familias», organizada por la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y la Fundación «Defendiendo Derechos».

Una familia sola no puede, una familia organizada sí

Hay una escena que se repite en Salta. Una madre, un padre o una abuela descubren que un hijo, un nieto o un sobrino está atravesando un consumo que ya no puede manejar. La primera reacción suele ser el silencio; la segunda, la búsqueda desesperada de una solución rápida. En ese recorrido, muchas familias golpean puertas que no se abren o que se abren hacia lugares peores que el punto de partida.

Quienes acompañamos estas situaciones desde la sociedad civil vemos que esas familias enfrentan una doble desprotección. La primera es institucional: un sistema de salud fragmentado, tratamientos privados que no pueden pagar y amparos judiciales de alto costo. La segunda es social: el estigma que convierte al joven en «el drogadicto» y a su familia en sospechosa, sumado al desconocimiento de las leyes que los protegen.

Cuando falta orientación técnica y legal, las familias quedan expuestas a tres circuitos que conocemos bien. El primero es la internación arbitraria, decidida sin evaluación interdisciplinaria ni control judicial. El segundo es la medicalización excesiva: psicofármacos indicados sin seguimiento, o suspendidos de golpe sin supervisión. El tercero son las comunidades terapéuticas cerradas, que reproducen lógicas de encierro y, en no pocos casos, de vulneración de derechos. Para una organización que integra el Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, estos espacios no son un tema lateral: son lugares de privación de libertad que muchas veces escapan a todo control.

Frente a ese cuadro, nuestra propuesta parte de una idea sencilla: una familia aislada no puede resolver sola un problema estructural, pero una familia informada y organizada puede acompañar sin expulsar y exigirle al Estado lo que le corresponde. No se trata de reemplazar al sistema de salud ni de ofrecer soluciones mágicas. Se trata de que las familias dejen de llegar solas, asustadas y desinformadas a la guardia, a la comisaría o a la oficina de la obra social.

El marco existe. La Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 reconoce que los consumos problemáticos forman parte de las políticas de salud mental y que las personas que los atraviesan tienen todos los derechos que la ley garantiza. Establece que la internación es un recurso excepcional, de última instancia, y que todo abordaje debe ser interdisciplinario y contar con consentimiento informado. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país por la Ley N.º 26.378, aporta el modelo social de la discapacidad: las barreras están en el entorno, no en la persona. El problema no es la falta de leyes, sino la distancia entre lo que dicen y lo que las familias pueden hacer valer.

El «aguante» y el silencio: juventudes, masculinidades y consumos

La propuesta incorpora una mirada que suele quedar afuera: la de género y masculinidades. En muchos varones jóvenes, el consumo no aparece solo como búsqueda de placer o de evasión. Funciona también como un rito de iniciación viril, como prueba ante el grupo de pares, como parte de un «habitus del aguante» que premia al que resiste más, al que no se queja, al que no pide ayuda.

Ese mandato tiene un costo. El consumo se vuelve una anestesia emocional frente a la frustración, la falta de trabajo, la exclusión o el dolor que no se puede nombrar. Y el silencio que exige el «ser hombre» hace que el pedido de ayuda llegue tarde, cuando ya hay una crisis, una pelea, una detención o una internación de urgencia.

Desarmar estos mandatos desde la familia no significa culpar ni justificar. Significa entender los consumos como padecimientos subjetivos e integrales, que tienen historia y contexto, y no como delitos ni como fallas morales. Desde ahí es posible acompañar sin romper el vínculo y sin recurrir al encierro como castigo.

Por eso también cuidamos las palabras. La convocatoria no habla de «adicciones», un rótulo que asusta y aleja. Habla de salud mental, juventudes y derechos de las familias, porque de eso se trata, y porque queremos que nadie se quede afuera por miedo a ser señalado.

Qué proponemos: dos sábados para salir de la parálisis

La experiencia está pensada para madres, padres, familiares, referentes afectivos y comunitarios, docentes y toda persona vinculada a adolescentes y jóvenes que atraviesan consumos problemáticos o padecimiento psíquico. Su objetivo es brindar herramientas conceptuales, clínicas y jurídicas para fortalecer las redes familiares de cuidado, promover un uso responsable de los tratamientos con medicación y ampliar la capacidad de exigir derechos ante el Estado, las obras sociales y las fuerzas de seguridad.

Son dos encuentros presenciales de tres horas cada uno. La metodología combina exposición dialogada con especialistas invitados, análisis de casos reales de Salta, un espacio de escucha sin juicios y talleres prácticos de redacción de reclamos.

Primer encuentro: salud mental, vínculos familiares y abordaje integral

•         El diagnóstico como herramienta y no como etiqueta. Qué diferencia hay entre un padecimiento subjetivo, un diagnóstico clínico y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Cómo salir de la culpa y la parálisis para pasar al acompañamiento activo.

•         Masculinidades, juventudes y consumos. El «aguante», la presión de pares y la dificultad para pedir ayuda. Cómo acompañar sin romper el vínculo ni recurrir al encierro punitivo, y cómo prevenir las violencias asociadas al consumo.

•         Uso responsable de los psicofármacos, con la participación de un especialista médico invitado. Qué esperar de un tratamiento con medicación, cómo distinguir la regulación emocional de la sobremedicación, por qué es riesgoso interrumpir o cambiar dosis sin control profesional y cómo dialogar con el equipo tratante.

•         Cierre con espacio de escucha y relevamiento de dudas para el segundo encuentro.

Segundo encuentro: marco legal, discapacidad y defensa de derechos

•         La Ley Nacional de Salud Mental. Atención comunitaria, equipos interdisciplinarios y consentimiento informado. La internación como último recurso y cómo actuar en una crisis sin caer en circuitos clandestinos. El rol del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y la demanda ciudadana por un Órgano de Revisión local que funcione.

•         El modelo social de la discapacidad y el CUD. Cuándo corresponde tramitarlo en casos de padecimiento psíquico o consumos complejos con vulnerabilidad persistente. Qué prestaciones cubre: acompañante terapéutico, transporte e inclusión educativa, con ajustes razonables para evitar que el joven abandone la escuela.

•         Taller jurídico práctico y violencia institucional, con un asesor legal invitado. Cómo acceder a una obra social mediante el monotributo social cuando no se tiene prepaga; qué hacer ante una negativa de cobertura (nota formal, carta documento y recurso de amparo); qué derechos tienen los jóvenes ante detenciones por averiguación de antecedentes, requisas o tenencia para consumo, y cómo reclamar que se los derive a salud en lugar de criminalizarlos.

Un kit para llevarse a casa

Al cierre, cada participante recibirá una carpeta impresa con herramientas concretas: modelos de notas de reclamo a obras sociales, una guía de preguntas para la consulta médica, un checklist para tramitar el CUD y un directorio actualizado de organismos gratuitos de Salta, entre ellos las Defensorías Oficiales, la Asesoría de Incapaces, el Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y los centros de salud.

Una aclaración importante: esta es una instancia de formación comunitaria, no de atención clínica. Nadie recibirá allí indicaciones de tratamiento ni de medicación. El taller funciona como puerta de entrada a una red de profesionales externos —psicología, neurología y asesoramiento jurídico con honorarios sociales—, siempre con una clara separación entre la capacitación y la práctica profesional privada.

Dónde, cuándo y cómo participar

•         Lugar: aulas del Colegio San Cayetano, Salta Capital.

•         Modalidad: presencial. Dos encuentros de tres horas, cada quince días, preferentemente los sábados por la mañana.

•         Fechas: a confirmar; están previstas para diciembre de 2026 y enero de 2027. Las informaremos por este blog y por nuestras redes.

•         Arancel: un monto accesible por el ciclo completo de dos encuentros, que puede pagarse en dos tramos quincenales. El monto se informará junto con la apertura de la inscripción.

•         Becas: hay becas parciales, que se piden mediante una solicitud simple a la Comisión Directiva de la Asociación Miguel Ragone.

•         Inscripción en dupla: quienes se inscriban de a dos —dos referentes de una misma familia, o dos vecinos— tendrán una bonificación. Acompañar es más fácil cuando no se va solo.

El arancel no es un obstáculo pensado para excluir. Es la forma en que una organización de la sociedad civil, que se sostiene por autogestión, puede mantener su tarea y pagar con dignidad a los especialistas que participan. Por eso lo acompañamos con un sistema de becas: nadie debería quedarse afuera por razones económicas.

Quiénes organizamos

La experiencia es organizada por la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia y la Fundación «Defendiendo Derechos» (www.defendiendoderechos.com.ar), en articulación con miembros del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta y una red de profesionales invitados.

La Asociación Ragone: de la memoria a la salud mental

La Asociación es una asociación civil de tipo benéfico que existe desde 2007. Nació de la lucha por verdad y justicia en el caso del exgobernador Dr. Miguel Ragone, médico y gobernador electo en 1973, secuestrado y desaparecido en marzo de 1976, cuyo nombre lleva. Desde aquella demanda inicial, la organización fue ampliando su campo de trabajo: a la memoria, la verdad y la justicia se sumaron el acceso a la justicia, la lucha contra la discriminación, los derechos de las mujeres y las diversidades, las masculinidades, el VIH, la violencia institucional, el ambiente y, de manera cada vez más central, la salud mental. Con comisiones directivas renovadas periódicamente (2016–2021 y 2022–2026), hoy participa del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, impulsa la puesta en funcionamiento del Órgano de Revisión previsto por la Ley provincial 8323 y realizó en 2026 un relevamiento territorial en el departamento Anta, con una asamblea comunitaria en Joaquín V. González. En esa trayectoria hay una coherencia: el compromiso con la vida y la salud pública que definió al médico Miguel Ragone sigue orientando el trabajo de quienes llevamos su nombre.

Sus acciones en salud mental pueden seguirse en asociacionmiguelragonesaludmental.blogspot.com. Ese sitio forma parte del Ecosistema Digital de Memoria Activa de la Asociación, una red de espacios temáticos que reúne, entre otros, el centro documental, masculinidades, ambiente, memoria, verdad y justicia, y Tiempo de Derechos.

Acompañar sin expulsar

Las familias no necesitan que se les diga qué hicieron mal. Necesitan saber qué pueden hacer ahora: a quién preguntar, qué pedir, qué firmar y qué no, cuándo una internación es legítima y cuándo es un abuso, cómo reclamar una cobertura negada, qué hacer si un hijo es detenido. Ese saber, que hoy circula de manera desigual, es también una forma de protección.

Esta experiencia es un primer paso. Su horizonte es más amplio: que el Estado provincial y los municipios asuman lo que la ley ya les manda, con dispositivos comunitarios cercanos, equipos interdisciplinarios y control efectivo sobre los lugares de encierro. Mientras tanto, las familias organizadas e informadas pueden hacer algo decisivo: dejar de estar solas y empezar a exigir juntas.

Las invitamos a sumarse.

Fernando Pequeño Ragone Presidente de la Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia

Referencias

Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. (s.f.-a). Asociación Miguel Ragone – Salud Mental [Blog]. Recuperado el 16 de noviembre de 2026, de https://asociacionmiguelragonesaludmental.blogspot.com/

Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia. (s.f.-b). Ecosistema digital de memoria activa. Recuperado el 16 de noviembre de 2026, de https://miguelragone.blogspot.com/p/ecosistema-digital-de-memoria-activa.html

Ley N.º 26.378. Aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. (2008). Boletín Oficial de la República Argentina.

Ley N.º 26.657. Ley Nacional de Salud Mental. (2010). Boletín Oficial de la República Argentina.

Ley N.º 8323. Creación del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia de Salta. Boletín Oficial de la Provincia de Salta. [AÑO A COMPLETAR]

viernes, 28 de agosto de 2026

Asamblea Civil para la Gestión Democrática de la Seguridad y el Abordaje de la Emergencia de Consumos Problemáticos en Joaquín V. González

 

Asamblea Civil para la Gestión Democrática de la Seguridad y el Abordaje de la Emergencia de Consumos Problemáticos en Joaquín V. González

Lo que ocurrió el 26 de agosto en Joaquín V. González no resolvió nada por sí mismo. No había forma de que lo hiciera: un solo encuentro no construye un centro de salud mental ni reduce el hacinamiento de una comisaría. Pero hizo algo que no es menor: puso en la misma mesa a quien opera el sistema penal todos los días y a quien lo denuncia desde los derechos humanos, a la maestra que ve la ideación suicida en el jardín de infantes y al vecino que ve al niño solo en la madrugada, al concejal que necesita una ordenanza y al joven que llega de otro pueblo con una idea sobre cooperativas. Los hizo hablar en el mismo idioma, aunque no siempre estuvieran de acuerdo.

Por Fernando Pequeño Ragone
asistido por Gemini Notebook, Gemini Pro y Claude IA
A cerca de mi escritura asistida con IA.


Revisar como complemento:


Contenidos:

1. Presentación: un pueblo que se junta a nombrar lo que le duele. 2

2. Quiénes se dieron cita: interlocutores y voces. 3

3. Las proposiciones, interlocutor por interlocutor. 3

4. Problematización: el mapa de tensiones. 5

5. Marco teórico: leer JVG con Trimboli y con Epele. 7

6. Conclusión: organizarse cuando el Estado se retrae. 8

Bibliografía. 9

 

1. Presentación: un pueblo que se junta a nombrar lo que le duele

El 26 de agosto se reunieron en Joaquín V. González, en el departamento de Anta, provincia de Salta, representantes de la comunidad, entre ellos docentes, un trabajador de fiscalía local, un abogado que también es recepcionista de hotel, vecinos, dos concejales y un joven llegado desde Apolinario Saravia. No los convocó un partido ni un ministerio: los convocó la urgencia. El objetivo declarado de la reunión fue articular las voluntades de estos actores locales —sindicales, educativos, judiciales, legislativos y vecinales— para constituir una mesa de trabajo interdisciplinaria y comunitaria amparada por el Concejo Deliberante. No fue una charla informal sino una reunión asamblearia y un conversatorio institucional descentralizado, convocado para poner en común los diagnósticos territoriales sobre el colapso del sistema de detención local, el incremento de la delincuencia juvenil y los suicidios, y las deficiencias críticas de la red de atención de adicciones y salud mental en la provincia.

Sintesis auditiva del texto:

Detrás de esa convocatoria hay una pregunta que excede a Anta: ¿qué lugar tiene, en la Argentina de 2026, el poder que no nace de una banca ni de un sillón ministerial? Es la pregunta que aquí es el telón de fondo. Sostenemos que en el sentido común argentino persiste una idea reduccionista de lo que es tener poder: se lo identifica casi exclusivamente con ocupar cargos electivos o conducir un partido, mientras que el conocimiento producido en la universidad, el trabajo territorial de las organizaciones sociales y la incidencia de activistas e instituciones civiles quedan relegados a un rol secundario, casi decorativo. Ese sesgo tiene nombre en la ciencia política: Guillermo O'Donnell lo llamó democracia delegativa, un esquema en el que votar habilita a gobernar "como se considere conveniente" durante el mandato, y en el que la fiscalización ciudadana entre elecciones queda vista como un estorbo a la voluntad popular antes que como parte de la democracia misma.

Ese imaginario no es un dato abstracto para Joaquín V. González: es, literalmente, el obstáculo que la asamblea tuvo que nombrar para poder armar la idea de organizarse. Néstor Díaz, uno de los impulsores del encuentro, describió a su propia comunidad como una "sociedad vacunada contra la política", donde cualquier intento de juntarse a hablar de salud mental es leído bajo sospecha electoral. Y la respuesta que los propios participantes se dieron —insistir en que la mesa sesione en un "lugar neutro", ajeno a la sede partidaria o municipal— es casi un calco de lo que el jurista Roberto Gargarella describe como la trampa de la "sala de máquinas" constitucional: una arquitectura institucional que invita a la sociedad civil a movilizarse en nombre de sus derechos, pero que reserva el manejo real de la agenda y el presupuesto a las cúpulas partidarias y al Poder Ejecutivo. En Joaquín V. González, esa trampa se resuelve —o se intenta resolver— con una estrategia muy concreta: que el Concejo Deliberante patrocine la mesa mediante una ordenanza, pero sin "manejar la batuta", para que el trabajo comunitario no quede capturado por el calendario electoral. Es el principal desafío para esta mesa que se propone. Y para que la ayuda de una sociedad que desea ayudar, llegue a esos jóvenes adictos vulnerables sin quedar atrapada en la disputa y la contienda electoral por la mera concentración de poder político y económico.

Esa es la clave para leer todo lo que sigue: no se trata de una reunión técnica de expertos, sino de una comunidad que decide, con recursos escasos y sin esperar la venia de la estructura estatal, ponerle nombre a su propio colapso.

 

2. Quiénes se dieron cita: interlocutores y voces

La convocatoria reunió a una decena de voces con biografías y posiciones institucionales muy distintas entre sí.

Fernando Pequeño, presidente y fundador de la Asociación Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia, y miembro del Consejo Consultivo del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta, ofició de facilitador técnico y articulador entre el Estado provincial, la universidad y el territorio de Anta.

Walter Gómez, auxiliar de la fiscalía penal de Joaquín V. González, aportó la mirada de "la praxis judicial ordinaria" frente a la delincuencia de menor escala y el colapso del sistema de detención preventiva del departamento.

Steven J. Ramos, abogado formado a distancia en la Universidad Siglo XXI, hoy recepcionista de hotel tras haber cerrado su estudio jurídico, aportó una mirada técnica independiente desde el ejercicio liberal de la profesión en el interior provincial.

Claudio Navarro y Cesar Pauna, concejales del pueblo, representaron la vía institucional para traducir los consensos de la asamblea en ordenanzas.

Néstor Díaz, es el organizador y facilitador territorial que impulsó la convocatoria, el nexo entre el llano comunitario y la representación institucional.

Alicia Artalaz, licenciada en Educación Especial, docente y psicopedagoga itinerante, expuso la crisis de desarticulación vincular infantil y la aparición de ideaciones suicidas a edad temprana.

Renzo Meneses, director del Colegio Secundario, describió la transversalidad de las adicciones entre clases sociales.

Alberto Charrazeta y Lorena Roldán, vecinos de la comunidad, testimoniaron el deterioro del tejido social desde la experiencia cotidiana del barrio.

Prof. Gastón Pereyra, joven llegado desde la vecina Apolinario Saravia, identificado en el documento como "el promotor del Tercer Sector", aportó una mirada externa centrada en el cooperativismo agrario como respuesta al desempleo juvenil.

Estuvieron presentes además, Vanina Córdoba profesora de Educación Especial; Ricardo Perelló Profesor de Historia; Ramón Chávez profesor jubilado la vecina Paola Campos y Roberto Álvarez, Comunicador Social.


 Registro de medios en JVG

3. Las ideas centrales de cada uno de los presentes

Fernando Pequeño: la sinergia civil-institucional frente a la "zona de sacrificio"

El eje de la intervención de Pequeño fue una crítica a la vez política y clínica. Sostuvo que los partidos tradicionales están "liquidados" y que las mesas puramente burocráticas fracasan porque excluyen a la comunidad real; el cambio, insistió, "reside en empoderar a la sociedad civil organizada" con el respaldo de un lugar neutro legitimado por el Concejo Deliberante. Definió a Anta como una "zona de sacrificio": una región productivamente rica cuyos excedentes humanos —los jóvenes que no entran en el circuito de la agroindustria concentrada— quedan precarizados y naturalizados en su propia degradación, lo que llamó "sujeción por la herida".

En el plano operativo, planteó tres proposiciones derivadas: descentralizar el distrito judicial respecto de Metán para destrabar el cuello de botella de expedientes; habilitar que psicólogos idóneos colaboren en la prescripción psicofarmacológica comunitaria ante la escasez de psiquiatras en el interior; y separar, dentro de la policía, a los oficiales comprometidos y "piolas" del peso represivo de la institución en su conjunto.

Sobre los dispositivos religiosos de contención —el único centro de adicciones de la ciudad funciona bajo el liderazgo informal de un pastor evangélico—, Pequeño no propuso cerrarlos, estigmatizarlos o criticarlos, sino dotarlos de soporte clínico, cuestionando de fondo la eficacia del modelo de "los 12 pasos" (diseñado originalmente para el alcoholismo en Estados Unidos) cuando se aplica, aislado, a consumos complejos como el paco. Consideró que la existencia de todos ellos debe ser tomado como parte de la solución y no del conflicto.

El auxiliar de fiscalía: el colapso carcelario y la "puerta giratoria"

Walter Gómez construyó su intervención desde la experiencia diaria del sistema penal. Su diagnóstico central: aunque la Justicia intente desjudicializar aplicando medidas sustitutivas —suspender la prisión preventiva a condición de internarse—, los jóvenes reinciden porque los centros locales carecen de infraestructura de contención permanente; "están una semana y se van". Describió comisarías con hasta treinta personas hacinadas en espacios de cuatro por cuatro metros, y sostuvo que esa saturación genera una "puerta giratoria" que los jóvenes con consumos problemáticos instrumentalizan con total conocimiento de causa: delinquen sabiendo que la policía no tendrá dónde alojarlos y que serán liberados en pocos días.

De ahí derivó su proposición más contundente: la necesidad urgente de un establecimiento penitenciario propio en Joaquín V. González, financiado por las grandes empresas y productores locales afectados por el robo menor. También señaló un vacío legal crítico —una "zona gris"— en la que jóvenes con deterioro cognitivo severo por consumo no pueden ser internados de manera involuntaria por los límites de la Ley de Salud Mental, pero tampoco pueden ser imputados por carecer de consciencia plena al momento de delinquir. Y llamó a superar la antinomia entre garantismo y punitivismo puro, señalando de forma explícita los límites tanto de la "victimización exculpatoria" que atribuyó al "zaffaronismo" como de la estigmatización represiva del punitivismo clásico.

Néstor Díaz: la autoorganización civil frente al inmovilismo

Díaz insistió en que la comunidad debe dejar de esperar que las soluciones lleguen desde el Estado, y llamó a superar la "charla de café" para pasar a la "construcción de a poquito" de metas ejecutables. Su consigna fue pensar "como ciudad" y no como "pueblo chico". En el plano de los compromisos concretos, asumió el rol de sostener la cohesión del grupo promotor local y coordinar la distribución de materiales de estudio para los próximos encuentros.

Steven J. Ramos: los límites del litigio privado en el interior

Ramos aportó la perspectiva de quien ensayó, y abandonó, el ejercicio liberal de la abogacía en un mercado periférico como el de Anta, por el alto costo psicosocial que le implicó. Su proposición señala una tensión estructural poco visible: la educación a distancia (como la de la Universidad Siglo XXI) es, para muchos habitantes del interior, la única vía real de profesionalización, aunque las exigencias laborales locales limitan el acceso a instancias de formación superior como las maestrías.

La licenciada en Educación Especial: la niñez y el vacío vincular

Su intervención introdujo un dato que atravesó como una alarma el resto de la jornada: la ideación suicida ya aparece en el nivel inicial y primario. Describió un quiebre de la autoridad de crianza —"niños de 3 o 4 años que dominan a su padre y a su madre"— y advirtió que muchas familias reaccionan de manera defensiva u ofendida cuando la escuela intenta señalar el problema. Identificó dos extremos igualmente dañinos: la sobreprotección inmovilizante y la desprotección total, donde los padres se limitan a alimentar y escolarizar sin presencia afectiva.

El docente de escuela secundaria: el consumo interclase

Renzo Meneses desmintió la idea de que la adicción sea patrimonio de los barrios más pobres: la observa con igual severidad entre alumnos de familias "pudientes". Su hipótesis central desplaza el eje económico hacia el vínculo: la raíz del desvío adolescente no es la falta de dinero, sino la ausencia de acompañamiento cotidiano, incluso en hogares de comerciantes que intentan compensar con recursos materiales lo que no dan en presencia.

Claudio: ejecutar, no solo deliberar

El concejal resumió su intervención en una consigna práctica: traspasar el límite de la "charla de café" y convertir los consensos de la asamblea en ordenanzas y resoluciones concretas, sumando a todo el Concejo y a los actores judiciales locales.

Alberto y Lorena: la niñez desamparada de noche

Desde la experiencia vecinal más cruda, Alberto Charrazeta denunció que es habitual ver niños de dos, tres o cuatro años deambulando solos por las calles de la ciudad a la madrugada, y que la comunidad prefiere "mirar para otro lado" hasta que estalla una tragedia.

Gastón Pereyra: el joven de Apolinario Saravia sobre el cooperativismo como "tercera posición"

Con honestidad —"yo no sé bien no conozco el estado de la economía de González"— este participante externo; por vivir en Saravia pero con total interés en encontrar soluciones,  propuso indagar el estado del cooperativismo local y explorar la organización de pequeños productores agrícolas en cooperativas, financiadas no por el Estado (que "no hay dinero", reconoció) sino por microcréditos de fundaciones privadas, aprovechando la fertilidad de las tierras de la región. Fernando Pequeño validó la idea pero matizó con realismo territorial: en Joaquín V. González "no existe una cultura de cooperativa", y las experiencias previas fueron "muy chiquitas". Propuso, en cambio, apoyarse en la base de pequeños productores que el INTA y los agentes sanitarios ya tienen registrada, para organizarlos informalmente como paso previo a estructuras más complejas.


Síntesis visual del texto


4. Problematización: el mapa de tensiones

Lo más valioso del encuentro no es que haya producido consenso, sino que haya dejado a la vista sus propias contradicciones. En el análisis del encuentro asambleario, hemos registrado una tensión central y cinco derivadas, y vale la pena detenerse en cada una porque son, en rigor, el verdadero contenido político de la reunión.

La tensión central enfrenta el paradigma humanístico-comunitario de derechos humanos, encarnado por Fernando Pequeño, con la realidad operativa punitivo-carcelaria que describe el auxiliar de fiscalía. No es una discusión abstracta entre "buenos" y "malos": es el choque entre dos temporalidades y dos responsabilidades distintas. Pequeño mira el problema desde el largo plazo estructural —el extractivismo agrario que produce exclusión— y espera que el Estado invierta en salud comunitaria antes que en represión. El auxiliar de fiscalía mira el problema desde el turno de la comisaría, con treinta personas hacinadas y un vecino que perdió su garrafa. Ninguno de los dos está describiendo una fantasía: describen dos capas superpuestas del mismo colapso. La honestidad del documento está en no resolver esa tensión con una síntesis fácil, sino en dejarla planteada como el problema que la futura mesa de trabajo tendrá que administrar, no resolver de una vez.

La tensión sobre los dispositivos religiosos informales enfrenta la alarma por la falta de profesionalización clínica —"¿qué pasaría si una noche un joven se descompensa? No hay médicos, asistentes, ni enfermeros"— con la crítica metodológica de Pequeño al modelo de los 12 pasos. Aquí el desafío no es ideológico sino de política pública muy concreta: ¿se puede auditar y capacitar a un centro liderado por un pastor sin destruir el único recurso de contención que existe en la ciudad? La proposición de la asamblea —vincular, no clausurar— es pragmática, pero exige algo que hoy no existe: capacidad estatal real de supervisión clínica en el interior salteño.

La tensión entre corresponsabilidad afectiva y desresponsabilización parental es, quizás, la más incómoda de nombrar en público, porque corre el riesgo de leerse como un juicio moral a las familias. El valor de haberla incluido está en que evita victimizar solo "hacia afuera" (el Estado, la droga, la pobreza) y obliga a mirar también el vínculo cotidiano, sin caer en el extremo opuesto de culpabilizar únicamente a los padres, algo que ni el docente ni la licenciada en Educación Especial plantean de esa manera.

La tensión entre el pragmatismo de los "proyectos cortitos" y el inmovilismo burocrático expresa el hartazgo de una comunidad que ya vivió mesas interdisciplinarias que terminaron en "charlas de café o asados". Es una tensión que no es exclusiva de Anta y obedece a la tradición política que tenemos argentinos, salteños y la comunidad de JVG sobre lo que imaginamos que es el poder o quién lo tiene; y que hace hablar siempre desde de la "narrativa de la emergencia permanente" como excusa para descartar el diseño de políticas de largo plazo. La respuesta de la asamblea —metas acotadas a fin de año— es, en ese sentido, una estrategia defensiva contra el desánimo, más que una solución de fondo.

La tensión sobre la autonomía de la sociedad civil frente al "estrés electoral" es la que conecta más directamente con el marco de los imaginarios del poder: la comunidad sabe que cualquier gesto de organización puede leerse como maniobra partidaria, y por eso exige un "lugar neutro". Es exactamente la trampa que describe Gargarella: la sociedad civil solo puede avanzar si logra blindarse de la política formal, pero para blindarse necesita, paradójicamente, que la política formal (el Concejo Deliberante) la habilite con una ordenanza.

La tensión entre la "tercera posición" cooperativista y la ausencia de cultura asociativa muestra los límites de importar un modelo —el cooperativismo agrario— a un territorio donde nunca arraigó, y donde además existen intereses agroexportadores concentrados que no darían lugar a esa competencia. La salida que propone Pequeño (organizar informalmente antes de institucionalizar) es prudente, pero también revela cuán lejos está todavía Anta de una economía social consolidada.

 

5. Marco teórico: leer JVG con Trimboli y con Epele

El estigma como mecanismo de exclusión (Trimboli)

Para entender por qué la asamblea insiste tanto en distinguir entre "adicto delincuente" y "joven con consumo problemático" —y por qué el auxiliar de la fiscalía rechaza tanto la "victimización exculpatoria" como la "estigmatización represiva"— resulta útil el trabajo de Alberto Trimboli, médico psiquiatra argentino, en Consumo problemático de drogas: bases para una clínica ambulatoria y de inclusión sociosanitaria (Trimboli, 2020, Buenos Aires, Noveduc, Colección Conjunciones).

Trimboli retoma la noción de estigma de Erving Goffman para explicar cómo una sociedad convierte una diferencia en una marca moral. Cita a Goffman al definir el estigma como "una clase especial de relación entre atributo y estereotipo" (Goffman, 1998, citado en Trimboli, 2020, p. 33). Trimboli agrega, siguiendo al mismo autor, que el estigma opera clasificando los atributos desacreditadores en tres grandes tipos: las deformidades del cuerpo, los rasgos de carácter percibidos como falta de voluntad —donde incluye explícitamente "adicciones a las drogas"— y los estigmas de raza, nación o religión (Trimboli, 2020, p. 34).

Esta idea explica de manera directa la insistencia del auxiliar de la fiscalía en distinguir entre el "adicto" que delinque sistemáticamente y el joven atrapado en la "zona gris" que no puede ser ni internado ni imputado: ambos extremos —la exculpación automática y la criminalización automática— son, en el fondo, formas de manejar el mismo estigma, solo que en direcciones opuestas.

Trimboli conecta además el estigma con la exclusión social, entendida como falta de accesibilidad: sostiene que "no hay exclusión allí donde todas las personas pueden acceder a todo lo que una sociedad ofrece" (Trimboli, 2020, p. 36). Esta definición dialoga de manera casi literal con la denuncia de Fernando Pequeño sobre Anta como "zona de sacrificio": lo que Pequeño describe en términos territoriales y económicos, Trimboli lo describe en términos de barreras de acceso a derechos.

Un tercer aporte de Trimboli resulta decisivo para pensar la crítica de Pequeño al modelo de los 12 pasos. Trimboli documenta el origen de ese modelo en Alcohólicos Anónimos, fundado en Ohio en 1935, y transcribe sus doce pasos, que incluyen "entregar nuestra voluntad y nuestras vidas en manos de Dios" (Trimboli, 2020, p. 70). Pero el propio Trimboli, al describir las comunidades terapéuticas que adoptaron ese modelo —como Synanon, fundada en California en 1958—, advierte que muchas de ellas funcionaron con un "sistema autoritario y de control muy estricto", con castigos, aislamiento del paciente respecto de su familia (una práctica que Trimboli señala como expresamente prohibida por la Ley Nacional de Salud Mental) y exigencia de abstinencia total, algo que el autor considera contradictorio con la naturaleza misma del padecimiento que se busca tratar (Trimboli, 2020, pp. 70-72). Esto respalda, con literatura clínica, la advertencia que Pequeño planteó en la asamblea sobre los riesgos de aplicar ese modelo sin supervisión profesional a los centros de base religiosa de Joaquín V. González.

Finalmente, Trimboli incorpora la distinción de Eugenio Raúl Zaffaroni entre una "criminología académica" y una "criminología mediática", señalando que esta última, pese a estar plagada de prejuicios, falsedades e inexactitudes, es la que configura las actitudes del común de las personas y sobre la que suelen montarse las decisiones políticas que se traducen en leyes penales (Zaffaroni, 2011, citado en Trimboli, 2020, p. 35). Esta cita ilumina, de modo casi literal, el pasaje de la asamblea en el que el propio auxiliar de fiscalía menciona al "zaffaronismo" como uno de los dos extremos a superar: lo que el auxiliar rechaza no es a Zaffaroni en general, sino el uso simplificado de su crítica a la criminología mediática cuando se convierte, a su vez, en una nueva forma de simplificación.

El cuerpo como zona de sacrificio (Epele)

La expresión "sujeción por la herida", que Pequeño usa para describir la posición del consumidor en la "zona de sacrificio" de Anta, conecta con el título del libro de la antropóloga argentina María Epele, Sujetar por la herida: una etnografía sobre drogas, pobreza y salud (Epele, 2010, Buenos Aires, Paidós).

Epele investigó, a partir de historias orales y trayectorias de vida en barrios populares del Conurbano Bonaerense, cómo los cambios en el uso de drogas acompañaron las transformaciones de la vida cotidiana tras la crisis de 2001-2002 y las reformas neoliberales de los años noventa: el aumento de la pobreza, el desempleo y el desmantelamiento del Estado de bienestar (Epele, 2010). Su pregunta de fondo es cómo esos procesos macrosociales y económicos "toman forma y fragilizan, modelan y son modelados" en los cuerpos y en los vínculos de quienes consumen.

Trasladada a Joaquín V. González, esta perspectiva permite leer la "zona de sacrificio" que describe Pequeño no como una metáfora, sino como una descripción bastante precisa de un mecanismo que Epele documentó en otro punto del país, con otra droga (la cocaína inyectable, luego la pasta base) y otra década: el cuerpo de quien consume se convierte en el lugar donde se hacen visibles —"corporizados", en los términos de Epele— los efectos de un ajuste económico que, en el caso de Anta, tiene un protagonista muy concreto: el agronegocio exportador que concentra la tierra y expulsa mano de obra joven.

 

6. Conclusión: organizarse cuando el Estado se retrae

Lo que ocurrió el 26 de agosto en Joaquín V. González no resolvió nada por sí mismo. No había forma de que lo hiciera: un solo encuentro no construye un centro de salud mental ni reduce el hacinamiento de una comisaría. Pero hizo algo que no es menor: puso en la misma mesa a quien opera el sistema penal todos los días y a quien lo denuncia desde los derechos humanos, a la maestra que ve la ideación suicida en el jardín de infantes y al vecino que ve al niño solo en la madrugada, al concejal que necesita una ordenanza y al joven que llega de otro pueblo con una idea sobre cooperativas. Los hizo hablar en el mismo idioma, aunque no siempre estuvieran de acuerdo.

En un contexto de retracción del Estado nacional y provincial en la protección de derechos con el “desmantelamiento de lo comunitario" como política deliberada, ese gesto de autoconvocatoria tiene un valor que excede lo simbólico. No sustituye la obligación estatal de garantizar salud mental, educación y seguridad; la señala, y la exige, desde un lugar que el propio sistema político no siempre sabe reconocer como legítimo. La insistencia en un "lugar neutro", en "metas cortitas" y en no dejar que la mesa sea "manejada" por el Concejo no es ingenuidad: es la lección aprendida de una comunidad que ya vio morir otras iniciativas por exceso de burocracia o por captura partidaria.

Anta no necesita que se la rescate desde afuera. Necesita que el Estado cumpla la parte que le toca —financiamiento, infraestructura, profesionales— mientras la sociedad civil hace lo que ya está haciendo: nombrar el problema, sostener el vínculo y no mirar para otro lado.

 

Bibliografía

Trimboli, A. (2020). Consumo problemático de drogas: bases para una clínica ambulatoria de inclusión sociosanitaria (Colección Conjunciones, N.º 44). Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico (Noveduc). ISBN 978-987-538-786-7. [Edición digital (EPUB); la paginación citada corresponde a la copia digitalizada consultada, dado que este tipo de edición no posee paginación oficial fija — dato a considerar por el lector que quiera cotejar con otra edición.]

Epele, M. (2010). Sujetar por la herida: una etnografía sobre drogas, pobreza y salud. Paidós. 296 p.

"Imaginarios del Poder en Argentina" (2026). Documento de trabajo. Las referencias a O'Donnell (democracia delegativa) y Gargarella (la "sala de máquinas" de la Constitución) provienen de este documento y remiten a conceptos ampliamente publicados por ambos autores.

 

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